La proposición de ley de reforma del Reglamento del Congreso para reescribirlo en lenguaje no sexista pasará este martes su primer filtro en la Mesa del Congreso, y lo hará sólo con los votos de los dos impulsores de la iniciativa, PSOE y Sumar, que tienen mayoría en el órgano de gobierno, pero sin el aval del PP.
Según han informado a Europa Press en fuentes parlamentarias, la idea de los dos grupos que conforman el Gobierno de coalición es que esta revisión feminista de las normas parlamentarias se tramite vía exprés, por el procedimiento de urgencia y en lectura única, lo que permitiría tenerla lista este mismo mes.
La reforma reglamentaria que se aprobó del pasado mes de septiembre para regular el uso de las lenguas cooficiales ya se aprovechó para suprimir el masculino genérico de los artículos que se cambiaron, en los que ya no se habla de la lengua que podrán usar “los diputados”, sino de “los diputados y las diputadas”.
Además, en esa ley se añadió una disposición adicional que ordenaba que, en el plazo más breve posible se acometiera una revisión del texto del Reglamento del Congreso “para adecuarlo al lenguaje inclusivo de género”.
PRIMERA REFORMA INTEGRAL DESDE SU APROBACIÓN EN 1982
Casi seis meses después, PSOE y Sumar registraron la pasada semana la proposición de ley por la que se reformarán las normas de la institución, que datan de 1982 y que, desde entonces, sólo se han sometido a reformas puntuales, porque todos los intentos de reformas integrales para actualizarlo han fracasado.
Los dos grupos que integran el gobierno de coalición intentaron lograr el apoyo del PP pero el grupo mayoritario no va a avalar la reforma, según han avanzado fuentes ‘populares’ a Europa Press.
En la nueva versión de estas normas se elimina el masculino genérico, combinando el desdoble –‘diputados y diputadas’– con el uso de palabras como ‘miembros’ de la Cámara y se incluyen otros términos ‘neutros’, como ‘presidencia’, en lugar del actual ‘el presidente’.
Esta ‘traducción’ a un lenguaje no sexista afecta al propio de las normas parlamentarias, que perderá la coletilla ‘de los diputados’ pasando a llamarse simplemente ‘Reglamento del Congreso’.
AFECTA AL GRUESO DE SUS 207 ARTÍCULOS
Para llevar a cabo esta reescritura en lenguaje igualitario se ha tenido que tocar el grueso de los 207 artículos del Reglamento y también algunas de sus disposiciones.
Por ejemplo, el artículo 3.1 ahora reza: “El Presidente declarará abierta la sesión y por uno de los Secretarios se dará lectura al Real Decreto de convocatoria, a la relación de Diputados electos y a los recursos contencioso-electorales interpuestos, con indicación de los Diputados electos que pudieran quedar afectados por la resolución de los mismos”.
Quedará así: “La Presidencia declarará abierta la sesión y una de las personas que ocupe la Secretaría dará lectura al Real Decreto de convocatoria, a la relación de cargos electos y a los recursos contencioso-electorales interpuestos, indicando a quiénes pudiera afectar la resolución de los mismos”.
LO QUE NO SE NOMBRA NO EXISTE
“Sabemos que aquello que no se nombra no existe y sabemos también que las instituciones tienen que avanzar al mismo ritmo que avanza la sociedad, dando ejemplo y mostrando compromiso con las reivindicaciones en favor de la igualdad”, argumenta Armengol, en declaraciones a Europa Press.
De su lado, la vicepresidenta tercera, Esther Gil de Reboledo, enfatiza que la reforma “supone un impulso necesario para la transformación feminista” de las instituciones. “El lenguaje sexista es una fuente de perpetuación de estereotipos y desigualdades de género”, recalca, incidiendo que esta revisión “refuerza los principios constitucionales del artículo 14″ de la Constitución”, que, además de la igualdad ante la ley, remarca que no puede prevalecer “discriminación alguna” por razón de sexo.
Como recuerda la presidenta de la Cámara, la introducción en el Reglamento del lenguaje con perspectiva de género es una más de las medidas desplegadas por la Mesa del Congreso en aplicación del Plan de Igualdad de las Cortes Generales, que cumple ahora cuatro años en vigor, y que trae causa de la Ley de Igualdad de 2007.
En este contexto, el pasado mes de diciembre la Mesa del Congreso ya aprobó las ‘Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria’, una guía, asumida también por el Senado, en la que, como se ha hecho ahora, se aconseja huir del masculino genérico y utilizar nombres colectivos como “personal” en vez de “empleados” o “ciudadanía” en lugar de “ciudadanos”.
Además, se desaconseja “utilizar expresiones o palabras que incurran en incorrecciones gramaticales, falta de legibilidad o que no estén recogidas en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE)”. Para la redacción de estas recomendaciones se utilizaron como base las guías sobre la materia elaboradas por otras instituciones públicas, así como las reglas gramaticales vigentes y las recomendaciones sobre lenguaje inclusivo de la RAE.
Aunque la academia celebró que el Congreso hubiera tenido en cuenta algunas de sus recomendaciones –como que se evite la arroba o las letras ‘e’ o ‘x’–, emitió una nota sobre el documento aprobado por la Mesa en la que rebatía a las “autoridades” que denuncian el sexismo de muchos usos gramaticales y léxicos y avisaba de que “forzar de manera artificial” la gramática y el léxico no implica avanzar en la igualdad.
LA RAE Y “LA FORMA NATURAL DE EXPRESARSE”
“No se apoya la igualdad de los hombres y las mujeres pidiendo a los ciudadanos (sean parlamentarios o no) que hagan constantes equilibrios sintácticos, morfológicos y léxicos para evitar opciones lingüísticas que pertenecen a su forma natural de expresarse”, sentenció la academia, dejando claro que, más que de cambios lingüísticos, es partidaria de que se hagan leyes que “conduzcan a la equiparación de derechos”.
Es más, la RAE “sospecha” que tras los planteamientos que hace la guía parlamentaria se esconde “el deseo implícito de acrecentar la distancia, ya considerable en la actualidad, entre el universo oficial y el mundo real”. “Si bien sería de esperar que las administraciones trabajaran para acortarla, parecen más interesadas en aplicar una y otra vez las dobles varas de medir que tan patentemente la ponen de manifiesto”, denunció la RAE.
