Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desparecidos desde 2014 han levantado una acampada en el Zócalo de Ciudad de México, frente al Palacio Nacional, para exigir la creación de una mesa de diálogo en la que participe el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se reúna antes de las elecciones presidenciales previstas para el 2 de junio.
Los familiares piden que el Gobierno dé a conocer los avances de la investigación y la publicación del informe de 866 folios elaborado por el Ejército para poder esclarecer lo ocurrido.
Además han expresado su rechazo a la propuesta de López Obrador de reunirse el 3 de junio. “Le decimos al presidente que no estamos de acuerdo con lo que expone desde su mañanera (rueda de prensa diaria), que la reunión tiene que llevarse a cabo después de las votaciones; y como lo hemos dicho, no somos actores políticos, no estamos a favor de algún partido, sino de que haya justicia”, ha afirmado un portavoz de las familias, Melitón Ortega.
“Nos hemos enterado por las mañaneras diciendo que no nos va a recibir hasta el 3 de junio. Queremos que nos reciba antes”, ha insistido Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamin Ascencio.
Los familiares han marchado este viernes desde el Ángel de la Independencia acompañados de estudiantes normalistas y organizaciones sociales hasta el Palacio Nacional, donde celebraron un acto con intervenciones y finalmente colocaron al menos dos carpas para pasar la noche. La protesta culminará el próximo 1 de mayo con una movilización multitudinaria en Guerrero y en Ciudad de México.
Los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desparecidos desde 2014 han hecho un llamamiento a boicotear el proceso electoral y han reprochado que las principales candidatas no quieren abordar la cuestión de la desaparición forzada.
Los estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron al grupo criminal Guerrero Unidos por causas no esclarecidas.
Durante años, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto defendió que fueron asesinados por esta banda criminal al ser confundidos con otra rival, pero los normalistas denuncian que se trata de un crimen de Estado.
