- Mediante el mega DNU 70/23, el Gobierno dio los primeros pasos para implementar una política de cielos abiertos, derogó la ley 19.030, que regulaba los servicios aerocomerciales en nuestro país, y modificó sin pasar por el Congreso partes sustantivas del Código Aeronáutico.
- En todo el mundo, los vuelos internacionales se rigen por acuerdos bilaterales entre países. Estos acuerdos normalmente establecen una asignación equitativa de vuelos entre las aerolíneas de los países firmantes y reservan el cabotaje a las aerolíneas nacionales de cada país. Esto implica, por ejemplo, que para realizar vuelos de cabotaje es necesario constituir una aerolínea en ese país y habilitar los aviones y las tripulaciones ante la autoridad aeronáutica nacional. De esa manera, hoy operan en Argentina empresas como FlyBondi, JetSmart Argentina o, en su momento, Latam Argentina.
- Los acuerdos de “cielos abiertos” fuertemente fomentados por las grandes aerolíneas internacionales permiten tener una asignación desigual de los vuelos entre países. Es decir, no exigen que haya ningún tipo de proporcionalidad entre los vuelos operados por cada país.
- La industria aerocomercial tiende fuertemente a la concentración ya que presenta fuertes rendimientos de escala, esto quiere decir, que las aerolíneas más grandes pueden aplicar tarifas más bajas y tener mayor capacidad de imponer una posición dominante en el mercado, destruyendo cualquier posibilidad de competencia. En efecto, los cielos abiertos benefician a un puñado de capitales globales que actualmente gestionan las aerolíneas concentradas extranjeras y que cuentan con flotas considerablemente mayores que las que puedan tener compañías nacionales de países en desarrollo.
- En definitiva, la política de cielos abiertos, permite que grandes jugadores globales de la industria aerocomercial puedan dominar el mercado argentino, tanto en el tráfico de cabotaje como el internacional. Es lo que significaría para la industria textil argentina competir sin ningún tipo de regulación contra los grandes productores asiáticos de indumentaria. O quitar la protección sobre nuestros mares, como ya lo intentó este Gobierno vía ley ómnibus, para que grandes empresas internacionales capturen el negocio de la pesca de nuestro país.
- Recientemente el Gobierno anunció un acuerdo con Chile por el que se otorgan todas las libertades del aire. Esto significa no sólo que las aerolíneas chilenas pueden volar a la Argentina la cantidad de vuelos que deseen sin ningún tipo de asignación equitativa, sino que incluso pueden operar vuelos de cabotaje con aviones matriculados en Chile y con tripulaciones habilitadas en ese país. Vale recordar que Latam, JetSmart y Sky, cuyos socios mayoritarios ni siquiera son chilenos, cuentan con una flota suficientemente grande (más de 360 aviones) como para reemplazar de cuajo todo el sistema aerocomercial argentino.
- Con el ingreso de grandes aerolíneas extranjeras, en los términos del acuerdo firmado, Argentina pierde capacidad de planificación estratégica de su sistema aerocomercial. Toda la conectividad, sobre todo la de las provincias menos atractivas en términos turísticos, quedará postergada a las decisiones comerciales que se tomen en las casas matrices de estas compañías. También pierde capacidad de regulación y control, los aviones chilenos y sus tripulaciones con habilitación chilena podrían operar sin mayores controles de la ANAC. En definitiva, es la entrega de la soberanía, la gobernanza y el negocio aerocomercial a los intereses extranjeros.
- Aerolíneas Argentinas, en un plazo no muy lejano, probablemente deje de existir y con ella los vuelos para las zonas del país más postergadas, toda la red de vuelos federales que no pasan por Capital y su exitosa estrategia para fomentar el turismo receptivo en la región. La ecuación en este último punto es clara, ¿pensamos que estas compañías van a trabajar para traer turistas a la Argentina o para llevarlos vía sus hubs de distribución (en Lima, Santiago de Chile o San Pablo) a otros aeropuertos de mundo?
- En términos de la macro, las divisas generadas por el tráfico internacional de nuestro mercado tendrán su destino en las casas matrices de estas empresas. El mayor flujo de pasajeros desde y hacia el exterior ya no pasará por Ezeiza sino por los hubs de estas grandes compañías. En definitiva, tendremos menos trabajo argentino en nuestras aerolíneas y en nuestros aeropuertos.
- Si el argumento para la destrucción de algo que venía funcionando relativamente bien es la reducción del déficit fiscal por las transferencias a Aerolíneas Argentinas, recordemos que desde hace más de un año la compañía no requiere fondos públicos para funcionar, que el aporte que la empresa realiza al fisco por su actividad es sustancialmente superior a los aportes que recibía y si contabilizamos la generación de divisas en el exterior, por la venta de tickets hacía la Argentina, la ecuación económica resulta absolutamente favorable para la compañía de bandera, sin contabilizar el impulso a la actividad económica que genera a lo largo y ancho del país.
- Por el contrario, la recesión brutal a la que el Gobierno nos ha llevado, sumado a la desregulación salvaje a la que están sometiendo al sector aerocomercial, implicará mayores necesidades de fondos públicos para Aerolíneas Argentinas, que de no cubrirse dejará a la compañía en la quiebra, lo que generará costos cuantiosos que caerán irremediablemente sobre el erario público. La política del gobierno nacional va a llevar a este sector estratégico de nuestra industria a la ruina, perjudicará el desarrollo nacional y a las finanzas públicas de manera catastrófica. Es imperioso que la sociedad argentina mediante sus distintas formas de representación ponga un freno a este dislate.
