El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), contrató al estudio de abogados Baker Botts LLP, para defender al Estado peruano ante el arbitraje internacional iniciado por la minera estadounidense Freeport-McMoRan Inc. Así lo refrenda la Resolución Ministerial Nº 147-2024-EF/43, publicada esta mañana en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
La norma aprueba la contratación del referido estudio legal, seleccionado por la Comisión Especial en el marco de la Ley Nº 28933, Ley que establece el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión.
Presupuesto inicial con proyección al 2025
Así, la firma brindará el servicio de asesoría legal en el arbitraje internacional iniciado por Freeport-McMoRan Inc. contra la República del Perú, Caso CIADI Nº ARB/20/8.
La resolución, a través del Informe Nº 0367-2024-EF/43.03, señala que se cuenta con la certificación de crédito presupuestario para atender la contratación del citado estudio de abogados, según la Nota de Certificación de Crédito Presupuestario Nº 0000000953, por el monto inicial de S/2 millones 263.100, emitida por la Oficina de Finanzas de la Oficina General de Administración.
Adicionalmente, se prevé un presupuesto para el 2025 de S/2 millones 029.370 a fin de continuar con la cobertura de los costos relacionados.
Además, se autoriza al Jefe de la Oficina General de Administración para que, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, suscriba el contrato de prestación del servicio de asesoría jurídica con el Estudio Baker Botts LLP.
La norma lleva la rúbrica del ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo.
¿Por qué se le abrió este arbitraje internacional al Perú?
En marzo del 2020, la minera estadounidense Freeport-McMoran inició un arbitraje de inversiones contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Freeport-McMoran invocó el incumplimiento del Acuerdo de Promoción del Comercio EE.UU. – Perú para reclamar sus derechos sobre la concesión minera Cerro Verde, uno de los productores de cobre más importantes del Perú.
El origen de la controversia se ciñe a la exigencia de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) sobre el pago de deudas por concepto de regalías mineras que superarían los US$1.000 millones.
A principios de marzo, a través de un Hecho de Importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) peruano, la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., informó del inicio del arbitraje entre Freeport-McMoRan Inc., grupo económico al que pertenece, y el Estado peruano en relación a las operaciones en la mina de cobre Cerro Verde.
Según el texto referido a la SMV, este procedimiento no afectaba a su actividad actual la cual es operada a través de un nuevo Contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión.
Minera proyecta menores ventas para este año
Para este 2024, la minera estadounidense Freeport-McMoRan prevé menores ventas en sus unidades sudamericanas, en particular para su mina de cobre Cerro Verde, ubicada en el distrito de Uchumayo, provincia de Arequipa, región Arequipa.
La compañía, propietaria de una participación de 53,6% en Cerro Verde y de un 51,5% en la operación cuprífera chilena El Abra, señala que la región generará un volumen de ventas de 1.130 millones de libras (Mlb, o 512.559t) del metal rojo en 2024, por debajo de los 1.200Mlb vendidos en 2023, según su presentación de resultados más reciente
“Las recuperaciones en molienda de Cerro Verde durante el cuarto trimestre de 2023 estuvieron por debajo de las del mismo periodo de 2022. Esto continuará a principios de 2024 y estamos trabajando para optimizar el rendimiento”, indicó Kathleen L. Quirk, presidenta de Freeport-McMoran, en una teleconferencia sobre resultados.
Megapuerto de Chancay: riesgo ante posible nuevo arbitraje
El Gobierno tiene hasta octubre para evitar un nuevo arbitraje internacional, esta vez, con el consorcio chino Cosco Shipping debido a una disputa legal por el derecho de exclusividad en el uso del Megapuerto de Chancay que viene construyendo la compañía asiática en nuestro país.
La controversia se origina por las condiciones para el uso exclusivo del megapuerto, donde Cosco Shipping Ports ha destinado una importante inversión de US$1.300 millones en una primera fase. La problemática afloró cuando la Autoridad Portuaria Nacional (APN) adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicitó al Poder Judicial anular dicha exclusividad para corregir lo que denominaron un “error administrativo”.
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, José Arista, confirmó haber recibido una carta por parte de Cosco Shipping a mediados de abril, donde se expresaba el interés de la firma por alcanzar una “resolución amigable” en el plazo de seis meses y evitar así el proceso de arbitraje internacional.
“Estoy seguro que en este caso no va a suceder, vamos a llegar a un acuerdo antes”, aseguró Arista Arbildo, con el fin encontrar una solución consensuada y librarse así de un arbitraje millonario.
