A lo largo de los cientos de kilómetros de frontera que dividen al estado de Chihuahua con Texas y Nuevo México, el tráfico de personas migrantes estaría controlado de forma paralela por grupos criminales y por el Instituto Nacional de Migración (INM), de acuerdo con un reciente reportaje del periodista Luis Chaparro.
A partir de una serie de entrevistas, el autor de este trabajo periodístico tuvo conocimiento de que el personal migratorio estaría involucrado en actividades como extorsión, secuestro y tráfico de personas.
Mientras facciones del Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa se disputan el control de la plaza, el INM opera como una “entidad criminal” en sí misma, señala el periodista.
Según testimonios recabados por Luis Chaparro, autoridades del INM suelen vender un ‘permiso’ a extranjeros para viajar libremente por México a un precio que puede alcanzar hasta los 50 mil pesos.
Aunado a ello, el periodista expone que los oficiales del INM que trabajan en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez suelen ofrecerle a los migrantes la posibilidad de contactarlos con traficantes (‘polleros’) a cambio de algunos cientos de pesos. El negocio se vuelve redondo cuando los mismos agentes le imponen una cuota a los cárteles por ayudarles con esa parte del trabajo, señala el reportaje.
En la región de Puerto Anapra, ubicada cerca del Río Grande, Chaparro conversó con un sujeto identificado como ‘Spider’, supuesto lugarteniente de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.
En su conversación, el presunto jefe delictivo detalló que el INM y la Guardia Nacional trabajan juntos como un “nuevo cártel”.
Acorde con sus declaraciones, los oficiales aprovecharían su papel como autoridades para “robarles” migrantes. “Dicen que son operaciones de rescate, pero no es cierto, los roban de nosotros cuando otra organización paga más que nosotros”.
Igualmente, expuso que el propio INM se encargaría de entregarles a los migrantes que son deportados de Estados Unidos. Como punto de reunión, aparentemente utilizan el estacionamiento de un centro comercial en Anapra.
Ahí “ellos ofrecen a los pollos [migrantes] a quienes tengan para pagar. El costo es de dos mil pesos por cada uno y a ellos les cobramos hasta cuatro mi dólares por cruzarlos de nuevo”, manifestó el supuesto líder delincuencial.
En el mismo tenor, las fuentes consultadas por Chaparro apuntan que el INM cobra alrededor de 50 mil pesos para entregar una lista con información personal de los migrantes que están próximos a ser deportadas, lo que le facilita a los grupos criminales ubicar a objetivos que hayan colaborado con autoridades de la Administración de Control de Drogas (DEA).
Finalmente, el periodista señala que informantes al interior de una agencia de seguridad en Texas acusaron a Francisco Garduño Yáñez —titular del INM— de haber dividido la frontera en varias regiones y de haberle entregado el control de cada una a un grupo diferente.
La zona de Anapra le correspondería a La Línea; en el área de Riberas del Bravo operarían La Empresa [alineado a La Línea] y Los Mexicles [emanados del Cártel de Sinaloa]; mientras que El Valle de Juárez estaría bajo el control de CDS.