El expresidente Pedro Castillo, destituido en diciembre de 2022 tras intentar un golpe de Estado, presentó al Congreso una solicitud para acceder a una pensión vitalicia de S/15.600, una demanda similar del exdictador Alberto Fujimori, según un informe difundido este martes en el Comercio.
Mediante una carta emitida el 11 de abril, el Parlamento notificó al exmandatario la improcedencia de su solicitud, lo que llevó a su defensa a apelar esa decisión inicial. Castillo fue objeto de una acusación constitucional por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, una denuncia presentada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En su reciente apelación, el exgobernante alegó que su derecho a una pensión vitalicia fue adquirido al día siguiente de ser vacado, el 7 de diciembre de 2022 y enfatizó que la acusación constitucional en su contra fue aprobada más de dos meses después de su salida, con lo cual, bajo su óptica, resulta “arbitrario e ilegal” el desconocimiento posterior de su derecho pensionario.
También remarcó que restringir sus derechos pensionarios es desproporcionado, especialmente al estar privado de libertad sin ingresos para sus necesidades básicas y el mantenimiento de sus hijos, actualmente asilados en México junto a la exprimera dama, Lilia Paredes.
(Paolo Aguilar/)
Finalmente, indicó que el rechazo de su solicitud por parte del Congreso infringe derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la no discriminación, entre otros. La apelación de Castillo, firmada por el exministro Walter Ayala, ha sido criticada por el constitucionalista Alejandro Rospigliosi, quien la calificó sin fundamento legal o constitucional, e instó al Congreso a declararla improcedente.
El letrado destacó que los mismos argumentos podrían aplicarse a Fujimori, quien también busca una pensión vitalicia, además del pago de un asistente personal y vales de combustible, a pesar de su deuda de 57 millones de soles en reparación civil por diversas condenas relacionadas con actos de corrupción junto a su exasesor, Vladimiro Montesinos.
Otros expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, y Pedro Pablo Kuczynski gozan de esta pensión, a pesar de enfrentar procesos judiciales. Otros exmandatarios como Manuel Merino, Francisco Sagasti y Martín Vizcarra no acceden a este beneficio, debido a interpretaciones legislativas y sanciones como la inhabilitación de Vizcarra por el ‘Vacunagate’.
(Paolo Aguilar/)
“A igual razón, igual derecho […] Es imprescindible eliminar la pensión vitalicia para los exmandatarios. Los expresidentes de la República merecen respeto protocolar y un lugar en los libros de historia del Perú. Más no que se dilapiden recursos públicos en su nombre que en el Perú son escasos”, acotó Rospigliosi.
Heber Joel Campos, también constitucionalista, recordó que a Castillo se le aprobó el antejuicio, lo que fundamenta su proceso judicial actual. “Como señala la Ley N.º 26519, solo accedería a la pensión vitalicia si, en el marco de dicho proceso, es declarado inocente”, explicó.
Solicitudes de Fujimori
Fujimori presentó tres pedidos al Congreso: el primero, el 26 de enero, para contratar a Óscar Paredes como su asistente mediante CAS; el segundo, el 20 de marzo, solicitando vales de combustible para un vehículo Honda registrado a nombre de su difunta esposa, Susana Higuchi; y el último, el 24 de abril, pidiendo una pensión de S/15,600.
Desde su excarcelación, el exdictador ha sido visto públicamente en Lima y participa activamente en redes sociales, incluso lanzó un canal en YouTube para abordar su gestión y responder a acusaciones. En una de sus declaraciones más polémicas se refirió a la duración del gobierno de Dina Boluarte y mencionó un acuerdo entre Fuerza Popular para que continúe hasta 2026.
