El Grupo Parlamentario de Vox ha acusado a la Comunidad de Madrid de “inyectar millones a empresas abortistas” y el PP ha respondido que está “cumpliendo con la ley” y que está “garantizando el acceso al derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en las condiciones establecidas”.
Durante la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid se ha aprobado que la Cámara de Cuentas fiscalice los contratos menores relacionados con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo realizados por los hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) entre 2019 y 2023. La iniciativa de Vox ha contado con sus votos a favor, junto con los de Más Madrid, la abstención de los ‘populares’ y el voto en contra del PSOE.
La diputada Ana Cuartero ha asegurado que “las empresas que se dedican al aborto, un lucrativo negocio, crecen protegidas por los gobiernos”. En esta línea, ha señalado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “ha inyectado 8 millones de euros a estas entidades”.
“La Mesa de la Asamblea sigue impidiendo que examinemos los contratos. Todas y cada una de las iniciativas que hemos registrado para que los contratos de estas clínicas sean examinados a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones han sido inadmitidas. Creemos que es necesaria la fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas”, ha defendido Cuartero.
Por su parte, la ‘popular’ Ainhoa García ha criticado la iniciativa de Vox porque, según ha defendido, “esta comisión no está aquí para entrar a valorar la opinión sobre la interrupción voluntaria de embarazo y sus negocios”. Asimismo, ha recalcado que es “un tema muy delicado”.
“La Comunidad está cumpliendo con la ley y garantiza el acceso al derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en los supuestos y condiciones establecidos. Además, ofrece e informa de todas las alternativas que disponen y de los organismos que ofrecen ayuda a las mujeres embarazadas porque es fundamental que tengan la información necesaria y el apoyo adecuado”, ha subrayado García.
MÁS MADRID APOYA LA INICIATIVA PARA “FISCALIZAR” AL GOBIERNO
La diputada de Más Madrid Marta Carmona ha señalado que “hay que fiscalizar estos contratos, pero no para vigilar a estas clínicas”. Por ello, ha defendido el voto a favor de su formación para que “se evalúe si el Gobierno regional se ajusta a la ley”.
“El aborto debe hacerse en los centros sanitarios públicos. Sin embargo, la realidad es que a día de hoy en la inmensa mayoría de los abortos de las pacientes del Sermas se realizan en centros privados”, ha criticado Carmona.
Por su parte, la parlamentaria socialista Leticia Lorenzo ha criticado la propuesta de Vox porque “quiere introducir en todas las comisiones su marco ideológico”. Para la diputada, su solicitud de fiscalización es “muy limitada y solo hace referencia a unos contratos menores muy concretos”.
“¿Por qué no solicitamos la fiscalización de toda la gestión relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo para que nos permita analizar si en esta región se dota de todos los medios necesarios para cumplir con la obligación legal de facilitar este derecho a las mujeres que así lo deseen también en los hospitales públicos?”, ha lanzado Lorenzo.
