Las investigaciones por el escándalo de corrupción que vincula a altos funcionarios y contratistas en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd) sigue dando resultados por parte la Fiscalía General de la Nación, después de que Luis Eduardo López, contratista implicado en la polémica adquisición de cuarenta carrotanques por más de 48.000 millones de pesos, decidiera buscar un acuerdo de colaboración con el ente investigador,
Según principio de oportunidad que se estaría cocinando en la Fiscalía y que fue revelado por Semana, López estaría dispuesto aclarar a los investigadores cómo entregó 7.200 millones de pesos a Sneyder Pinilla, el entonces subdirector de la Ungrd, después de recibir la millonaria suma del Estado para comprar de forma irregular los vehículos de abastecimiento.
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De hecho, ese dinero entregado a Pinilla sería el mismo que después fue entregado, supuestamente, a miembros del Congreso de la República como Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.
Además, el medio nacional reveló que desde la Fiscalía ya fue citado el contratista, con el fin de escucharlo y entablar posibles condiciones para colaborar con la justicia, que incluiría la exoneración de su esposa e hija, quienes figuraban en los documentos relacionados con la firma de contratos.
López estaría buscando que todas las investigaciones se centren en él. Incluso, el contratista estaría dispuesto a aceptar su responsabilidad en el entramado de corrupción que hoy tiene salpicado también a funcionarios del alto Gobierno, como el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, y la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz.
Este movimiento estratégico viene después de que Olmedo López y Sneyder Pinilla, también protagonistas del escándalo, anunciaran su intención de colaborar con la justicia a cambio de beneficios por parte de la Fiscalía.
La relevancia del testimonio de Luis Eduardo López radica en su capacidad para detallar la distribución de los fondos obtenidos de manera irregular. Por eso mismo, la Fiscalía convocó al contratista para que entregue una explicación detallada de cómo se habrían efectuado los pagos y los supuestos sobornos a políticos del país.
Fiscalía otorgó seguridad a Olmedo López
La Fiscalía General de la Nación ha otorgado medidas de seguridad a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quien está en el centro de una investigación por corrupción ligada a dicha entidad.
López es acusado de malversación de fondos vinculada a la compra de carrotanques destinados a suministrar agua a La Guajira. En respuesta, él ha ofrecido cooperar con las autoridades, prometiendo revelar información crítica sobre las irregularidades financieras ocurridas bajo su administración.
Las acusaciones contra López se relacionan con un contrato adjudicado a la empresa Impoamericana Rogers S. A. S. por un valor de $46.800 millones de pesos en octubre de 2023 para la adquisición de dichos carrotanques.
En un esfuerzo por mitigar las repercusiones de sus acciones, López solicitó un principio de oportunidad, comprometiéndose ante la fiscal general Luz Adriana Camargo y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a divulgar detalles esenciales sobre el escándalo, que involucra a altos cargos del Gobierno de Gustavo Petro.
La decisión de otorgar protección a López y su familia se fundamentó en la expectativa de su colaboración para avanzar en la investigación, implicando también una confesión pública de arrepentimiento y la voluntad de rectificar sus errores. Dentro de las medidas de seguridad proporcionadas a López se incluyen la asignación de personal de seguridad, un chaleco antibalas y un teléfono móvil dedicado para mantener comunicaciones seguras.
Adicionalmente, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, también recibió protección tras confirmarse su participación en un interrogatorio programado por la Fiscalía. Pinilla extendió una disculpa pública y anticipó la revelación de una colaboración financiera supuestamente dirigida al Congreso, involucrando a figuras políticas destacadas y prometiendo aportar pruebas durante su declaración.
Este caso señala la existencia de una presunta red de corrupción que abarca desde la gestión de recursos destinados a la crisis hídrica en La Guajira hasta presuntas transacciones financieras diseñadas para ganar apoyo legislativo a las reformas del presidente Petro.
