En Piojó, la situación de 249 familias afectadas por deslizamientos y colapsos de viviendas se ha vuelto cada vez más desesperante. El 6 de noviembre de 2022 los habitantes de Piojó soportaron 25 horas seguidas de aguaceros, lo que llevó a que colapsara el terreno donde se asentaban las viviendas; desde entonces, y después un año y medio, siguen viviendo una pesadilla para retornar a su cotidianidad.
El giro de recursos para el alquiler de vivienda de las familias pasó de ser responsabilidad de la Gobernación a serlo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Sin embargo, este cambio generó una complicación: el último giro de fondos por parte del Gobierno nacional tuvo lugar en diciembre del 2023. Desde entonces, las familias se enfrentan a problemas con los propietarios de los inmuebles donde residen temporalmente debido a la falta de pago.
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Algunos de ellos, incluso, se han visto obligados a vivir en condiciones precarias, hacinados en las casas de familiares. La situación se agrava aún más con el retorno de al menos ocho familias a viviendas agrietadas y en riesgo de colapsar, según reveló a Caracol Radio Jairo Jiménez, inspector central de Piojó.
La desatención de Olmedo López con Piojó condujo a que la Contraloría General de la República lo suspendiera de su cargo por un mes el pasado 5 de diciembre de 2023, debido a su incumplimiento de los compromisos con esas familias.
La entidad de control había justificado esa medida debido a la falta de respuesta a los requerimientos de intervenciones en Mocoa, Putumayo, y Piojó. En su momento, Olmedo López no se presentó a las audiencias de seguimiento y rendición de cuentas.
¿Qué va a pasar ahora con las familias damnificadas en Piojó?
“Se cayeron nuestras casas. Ungrd, no robes nuestros derechos”, era lo que decían las pancartas de protesta. Justamente, el martes 7 de mayo, los damnificados hicieron un plantón a las afueras del evento “Gobierno con los barrios populares”, liderado por el presidente Gustavo Petro; fue entonces cuando el Gobierno anunció la reactivación del proyecto de reubicación de las familias.
Vale la pena mencionar que en septiembre de 2023 se había anunciado un proyecto de reubicación de los damnificados, en un predio de 14 hectáreas conocido como Guayabal. No obstante, esa iniciativa paró repentinamente y, desde entonces, las víctimas del desastre natural no han sabido nada de su eventual reubicación.
Carlos Carrillo, actual director de la Ungrd, cuestionó la gestión de López y anunció la reactivación del proceso en Piojó. “Quiero pedir disculpas, porque el director anterior fue decisión de este gobierno y hoy tenemos que asumir la responsabilidad política por ese error”, dijo Carrillo al diario El Tiempo.
El director de la Ungrd añadió que se trabajará en un proyecto de vivienda y se pagarán los arriendos represados, comprometiéndose a avanzar en la construcción de las 249 viviendas necesarias.
La Procuraduría ordenó inspección a la Ungrd por presunta corrupción
El 8 de mayo, el Ministerio Público ordenó una visita a la Ungrd. Esta tenía el propósito de “recolectar toda la información necesaria para el ejercicio de la función preventiva sobre la contratación, transferencias y gestión de recursos en el marco del Decreto 2113 de 2022″.
Este decreto (2113) fue expedido en noviembre de 2022 y en él se declaró situación de desastre “en todo el territorio nacional por el término de doce meses” debido a los estragos causados por el fenómeno de La Niña en el país; es decir, por las lluvias intensas que azotaron a Colombia hace dos años.
En el decreto, el Estado determinó hacer transferencia de recursos, por medio de la Ungrd, principalmente para dos causas: primero, garantizar insumos agropecuarios, así “recuperar y reducir las condiciones de vulnerabilidad de los productores de alimentos”; y, segundo, al Programa de Alimentación Escolar (PAE) para garantizar la seguridad alimentaria de población vulnerable.
Durante la inspección, se requirió a la Ungrd y a la Fiduprevisora, esta última porque era la encargada de administrar los recursos, que proporcionaran documentación detallada y respondieran a preguntas sobre sus procesos de contratación para atender las emergencias ambientales en el marco del fenómeno de La Niña, como la ocurrida en Piojó.
