Una empleada estatal de la provincia de Mendoza que se desempeñaba como técnica administrativa fue despedida en la última semana luego de que se descubriera que había robado hasta 26 millones de pesos del Ministerio de Producción. Lo hizo adulterando la información de un programa de subsidios destinado a empresas.
La mujer -a quien le comunicaron su despido el pasado martes en presencia de un escribano público- está identificada como Valentina Cáceres. Tiene 20 años y había ingresado a trabajar en la administración del plan “Enlazados” a comienzos de 2023. Fue a fines de ese mismo año, precisamente en diciembre, que comenzó a llevar adelante su fraude millonario. Este lo realizaba en complicidad con otras 31 personas, a las cuales les desviaba unos 200 mil pesos cada mes.
La operatoria la lograba a partir de la modificación de datos de los beneficiarios del mencionado subsidio, que fue creado con el objetivo de impulsar la creación de empleo. A través de este, el Gobierno mendocino otorga una ayuda a las compañías que cumplan con ciertos requisitos con el pago del sueldo de sus empleados nuevos. La suma de dinero, que equivale a un salario mínimo, se les transfiere durante los primeros cuatro meses y es depositado directamente al trabajador.
Cáceres tenía acceso al listado de las empresas beneficiarias y a los datos de las nuevas personas incorporadas en cada una de ellas, quienes iban a recibir el complemento salarial en la fecha de pago correspondiente. Así fue como todos los meses la mujer lograba entrar al sistema y agregar los nombres y CBU de sus cómplices, haciendo que estos percibieran la plata del subsidio.
No lo hacía en cualquier momento del mes: los añadía entre la fecha de control de planillas y el día de pago. Una vez que se depositaban los sueldos, la empleada estatal volvía a entrar al documento y borraba los nombres de las 31 personas que había agregado de manera fraudulenta y aleatoria a las empresas que participaban del plan.
Su modus operandi funcionó durante varios meses. Sin embargo, fue descubierto en las últimas semanas, cuando la joven quiso dar un paso más: sumó a la lista una compañía apócrifa, o fantasma, y quiso agrupar en ella a todos sus cómplices.
Sin embargo, este cambio no pasó desapercibido. En el marco de la crisis económica, llamó la atención que una empresa contratara a tantos nuevos empleados. En consecuencia, se procedió a una revisación de los datos y de quiénes habían sido las últimas personas que habían ingresado a la planilla.
Entonces figuró el nombre de Cáceres, cuyos ingresos al listado de datos se comprobaron posteriormente cuando se examinó su computadora y se vio el documento en su historial.
“Siempre hacía el movimiento en los días previos al proceso de generación de las órdenes de pago de los subsidios. Esto ocultó su operatoria frente a los controles internos de rutina que se realizaron, pero no advirtió que todos los datos y usuarios que operan el sistema son respaldados en servidores internos, sobre los que se realizan otros controles adicionales de integridad de la información y procesos”, informaron fuentes del gobierno mendocino a Infobae.
Y agregaron sobre el descubrimiento: “Así fue detectada la irregularidad, porque existía una huella digital de toda la operatoria fraudulenta. Ante estos hechos, la técnica administrativa fue desvinculada del programa y se continúa con la auditoría interna”.
Los 31 beneficiarios cobraron en forma irregular aproximadamente $ 200 mil pesos mensuales, alcanzando unos $26 millones al 30 de abril de 2024. Toda esta información fue expuesta en la presentación realizada en la Fiscalía de Delitos Económicos.
