El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha citado a declarar como investigados el próximo 22 de mayo a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y al jefe de gabinete del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, en el marco de la causa en la que investiga los disturbios atribuidos a la plataforma ‘Tsunami Democràtic’.
En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 también llama a sede judicial ese mismo día a las 10.00 horas como investigados al empresario Oriol Soler; al exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell; a la militante de ERC Marta Molina; al periodista Jesús Rodríguez Sellés; al considerado tesorero de ‘Tsunami’ Jaume Cabani y al dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra.
En cuanto al banquero Nicola Flavio Giulio Foglia, el magistrado acuerda la emisión de una orden europea de detención a Italia para que procedan a su localización y toma de declaración por videoconferencia, señalándose, sin perjuicio de lo que resulte de la cooperación judicial, como fecha de declaración el mismo día 22 de mayo. Con carácter previo a la emisión de esa orden, señala el juez, se reitera al grupo policial investigador la averiguación de domicilio y paradero interesada respecto del investigado.
En su auto, el magistrado también acuerda la práctica de una serie diligencias dirigidas a esclarecer uno de los hechos objeto de investigación, consistente en las acciones emprendidas por Tsunami Democràtic el 9 de noviembre de 2019, día de reflexión en las elecciones generales convocadas para el día siguiente.
En concreto, oficia a la Guardia Civil para que recabe una serie de información. El juez repasa los acontecimientos registrados durante ese día y señala que toda esta secuencia permite evidenciar el conocimiento que el Gobierno de la Generalitat tuvo de los actos convocados por Tsunami para la jornada de reflexión prevista el 9 de noviembre.
COMPETENTE PARA IMPEDIR LOS ACTOS
Igualmente, incide, permite constatar que el presidente de la Generalitat –por entonces Quim Torra–, como máximo responsable de la “autoridad gubernativa”, conocía de la denuncia presentada ante la Junta Electoral Central, y que la Generalitat era competente para impedir la celebración de estos actos.
“También se puede comprobar que la Junta Electoral Provincial de Tarragona expresamente instó a la Generalitat, a través de la Dirección General competente del Departamento de Interior, a impedir la celebración de estas actuaciones”, afirma el magistrado.
Finalmente, indica el instructor, se puede observar que las actuaciones se desarrollaron ese día sin que conste que se realizara actuación alguna para impedir su celebración por parte de la autoridad gubernativa competente.
“Ante estos hechos, y la posibilidad de encontrarnos ante una infracción penal por omisión del deber de perseguir un delito electoral por parte de los responsables políticos de la Generalitat en aquel momento, se acuerda la práctica de las siguientes diligencias, sin perjuicio de valorar, una vez recibidas, la competencia de este órgano judicial para conocer de estos hechos”, concluye García Castellón.
