El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha presentado este miércoles un decálogo para fomentar la transparencia “real y efectiva” en el mundo del deporte y evitar casos de presunta corrupción como el atribuido al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Así lo han explicado sus impulsores este miércoles en una rueda de prensa en la que han participado el decano del Icab, Jesús M. Sánchez, junto al presidente del consejo asesor de los institutos de investigación e innovación jurídica de los colegios de la abogacía de Barcelona, Madrid y Málaga, Javier Orduña, y los presidentes de las Secciones de Derecho Deportivo del Icab y del Colegio de Abogacía de Madrid (Icam), Jorge de Amilibia y Enrique Arnaldo, respectivamente.
En el decálogo, consultado por Europa Press, se exige la transparencia como pilar fundamental en la reestructuración del deporte; como “activo tangible” en la cadena de control y gobernanza del modelo de deporte, y para hacer control y seguimiento.
También se constata que “mayor burocracia no es mayor transparencia”, criticando el exceso de informes técnicos, y garantiza que los canales de denuncia son imprescindibles para la credibilidad del modelo deportivo.
CONTRA EL “CLIENTELISMO”
El documento destaca la necesidad de limitar los mandatos, que “son un claro potenciador de posibles irregularidades y clientelismo”, y se aboga por un cambio real del régimen electoral hacia un modelo más abierto, más flexible, más democrático y más participativo.
Asimismo, se propone el impulso de portales de transparencia con datos sistematizados, accesibles y comprensibles para los usuarios, y se propone integrar la cultura de la transparencia en el deporte con formaciones y guías prácticas.
Sánchez ha constatado que esta iniciativa nace con la voluntad de que la transparencia sea el valor principal del modelo deportivo, así como de toda la estructura, gestión y representatividad.
PRECEDENTES
En 2023, el Icab y el Icam emitieron un comunicado en el que recalcaban el “vergonzante e indecoroso” comportamiento del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, respecto a la jugadora Jennifer Hermoso.
Orduña ha garantizado que este comportamiento fue sólo la punta del iceberg de las estructuras del fútbol español, donde hay “opacidad y abuso de poder”, con ausencia de valores y de responsabilidades, y que el mejor antídoto residía en el nuevo principio de transparencia como valor transversal de cambio social en el deporte español.
“En aquel momento teníamos el compromiso de decir a los poderes públicos y a la sociedad que no nos representan. No nos resignamos en proclamar que hay soluciones”, ha garantizado Orduña, que quiere mejorar y transformar socialmente la sociedad.
Por este motivo, y otros incidentes como la presunta corrupción en la Federación durante la gestión de Rubiales, por la que se imputó al actual presidente de la Federación, Pedro Rocha, han propuesto este decálogo para mejorar la Ley 39/2022, de 30 de diciembre: “La transparencia tiene que ser el pilar del modelo deportivo”.
DERECHO A CONOCER LA INFORMACIÓN
Por su parte, el decano ha dicho que la transparencia no deja de ser un tema muy sencillo, que es la información, y que el ciudadano tiene derecho a conocer la información, en sus palabras.
“Es vital y esencial en la contratación privada y en todos los ámbitos culturales como es el deporte”, ha defendido.
Además, Arnaldo ha sostenido textualmente que en el ámbito del deporte se llenan la boca hablando de transparencia, pero la realidad es diferente, y ha manifestado que quieren trasladar el decálogo a instituciones deportivas para ofrecer asesoramiento y propuestas de mejora de la transparencia de las instituciones.
“Estamos enviando un mensaje a los poderes públicos. No estamos contentos con la Ley del 2022. No estamos contentos con el reglamento porque no ha aparecido. Tenemos una ley que todavía no tiene reglamento”, ha asegurado Amilibia, y ha explicado que se ha sancionado a Rubiales en base a la ley anterior.
Así pues, ha instado a los legisladores y a las autoridades a ponerse “manos a la obra” para que den herramientas jurídicas para abordar este tipo de problemas.
