Ciudad de México, 16 may (EFE).- La informalidad en empresas de seguridad privada es un problema crónico que debe regularse en toda Latinoamérica, por lo que representantes de este sector abogaron este jueves por marcos normativos que permitan la introducción de más compañías en la formalidad.
Durante el 17 Congreso Panamericano de Seguridad Privada, José Jacobson Neto, presidente de la Federación Panamericana de Seguridad Privada (Fepasep) advirtió que, en promedio, por cada empresa formal que nace en el sector de la seguridad privada en la región latinoamericana, se crean tres empresas clandestinas.
“Por cada vigilante (de seguridad privada formal), tenemos tres clandestinos. Si miramos a Argentina, Costa Rica, Bolivia, México, en todos los demás países (latinoamericanos), tenemos una proporcionalidad si no igual, mayor o peor”, comentó.
Por su parte, Jefferson Simoes, presidente de la World Security Federation, resaltó que los retos y desafíos de la seguridad privada en la región son compartidos por todas las naciones de Latinoamérica.
Entre ellos, destacó la falta de recursos financieros e interacción entre entidades gubernamentales y privadas en los distintos países de la región, así como la falta de regulaciones y marcos normativos que permitan la introducción de más compañías formales.
En este sentido, Gabriel Bernal Gómez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (Amesp), alertó que la falta de regulación en algunos países, así como la sobrerregulación en otros, es una de las razones por las que las empresas optan por permanecer en la clandestinidad.
“Esto, la falta de regulación y marcos regulatorios obsoletos, ha llevado a la proliferación de empresas de seguridad poco confiables o personal menos capacitado”, advirtió.
En el caso de México, Bernal Gómez, enfatizó que existe una sobrerregulación que resulta contraproducente para que más empresas se incorporen en la formalidad.
“Es contraproducente, porque nos regulan demasiado, y las empresas optan por no regularse”, detalló.
Gómez dijo que son al menos 50 permisos los que requiere una empresa de seguridad privada para poder operar en todo el país, lo que supone un reto para las compañías del sector.
Por ello, demandó al Congreso mexicano voluntad política para aprobar o volver a discutir el marco regulatorio para las empresas privadas en México, ya que recordó que hay una nueva ley nacional pendiente de aprobarse en el Senado como última instancia, previo a su publicación oficial.
