La Fiscalía ha presentado una nueva acusación contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez en la audiencia de acusación por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal.
El ente investigador ha incorporado un escrito adicional en el que se señala que Uribe también deberá enfrentar cargos por soborno. Este caso ha generado una considerable atención mediática y debate público en Colombia.
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El recuento de los eventos incluye que, según la Fiscalía, el delito de soborno se habría concretado en el caso de la exfiscal condenada Hilda Niño, quien supuestamente recibió una oferta de soborno por parte del abogado Diego Cadena.
Cadena habría ofrecido beneficios a Niño para que ella denunciara al entonces fiscal general Eduardo Montealegre y al vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, acusándolos de haber confabulado injustamente contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe, por supuestos vínculos con paramilitares.
En la audiencia, la defensa de Uribe solicitó aplazar la diligencia para preparar la respuesta a la nueva acusación, pero la jueza Sandra Liliana Heredia negó la petición.
Heredia aseguró que los representantes legales de Uribe habían recibido las adiciones el viernes 17 de mayo por la mañana, dándoles tiempo suficiente para prepararse. “Eso no significa que se les esté saltando la posibilidad de preparar las audiencias”, enfatizó.
Un punto crucial en este proceso es la distinción entre los dos delitos de soborno señalados. De acuerdo con la ley, soborno es sobornar a un testigo en cualquier asunto y en actuación penal es precisamente cuando se da en una actuación penal.
Entonces, lo que estarían diciendo es que habría dos eventos de soborno, y uno es en alguna actuación diferente a la penal. Esto aclara la razón de los múltiples cargos que enfrenta el expresidente.
El papel del abogado Diego Cadena es central en las acusaciones de soborno en actuación penal. La Fiscalía ha revelado que Cadena ofreció dádivas y beneficios a varios exparamilitares, entre ellos Carlos Enrique Vélez, Faunes Barahona, John Cárdenas, Darley Guzmán y Eurídice Cortés, para que retractaran sus testimonios en contra de Álvaro Uribe.
El objetivo era que estos exparamilitares enviaran cartas y videos a la Corte Suprema de Justicia negando sus declaraciones anteriores sobre los presuntos vínculos de Uribe con estructuras paramilitares. Según la Fiscalía, esto se hizo bajo las presuntas órdenes del expresidente para alterar la percepción del tribunal.
La Fiscalía ha sostenido que estos intentos por parte de Cadena buscaban inducir al error a la Corte Suprema. Gilberto Villarreal, el fiscal asignado al caso, comentó que esta estrategia tenía como fin favorecer a Uribe y evitar posibles responsabilidades legales. “Cadena Ramírez le prometió ‘dialogar’ con su mandante, para que le colaborara con la asignación de un cupo que requería para continuar su detención preventiva en la Escuela del Ejército donde el expresidente Uribe Vélez residía”, recoge el escrito de acusación.
Entre otros testimonios que la Fiscalía considera claves para demostrar el conocimiento de Uribe sobre las acciones de su abogado se encuentran los de Juan Carlos Tuso Sierra y Carlos Eduardo López Calleja. Según el ente acusador, estas declaraciones prueban que el expresidente estaba al tanto de las actividades de Diego Cadena para manipular el proceso judicial en su favor.
El caso se mantiene en el ojo del huracán, dado el impacto político y social que conlleva el juicio de un expresidente. Las próximas audiencias serán cruciales para determinar la veracidad de las acusaciones y establecer si Álvaro Uribe Vélez deberá enfrentar consecuencias legales por los actos imputados. La resolución del caso podría sentar un precedente significativo en la historia judicial de Colombia.
