El Ministerio de Trabajo anunció una medida que busca reducir las barreras de acceso al empleo para jóvenes entre 18 y 28 años, a través de incentivos para las empresas que contraten a esta población, en los que el Estado asumirá hasta un 40% de un salario mínimo por cada persona contratada en nómina.
A partir de junio de 2024, el Estado ofrecerá un incentivo económico de 30% de un salario mínimo por cada joven contratado, cifra que podrá aumentar un 10% adicional si el beneficiario ha estado desempleado durante los últimos cuatro meses.
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Con este programa se busca mejorar la inclusión y formalización laboral en el país, de acuerdo con la cartera, debido a que los jóvenes se enfrentan a situaciones como la falta de experiencia.
Catalina Sánchez, subdirectora de Formalización y Protección del Empleo del Ministerio de Trabajo, destacó la importancia de esta iniciativa durante un evento en el Auditorio de la Biblioteca Nacional en Bogotá. Según Sánchez, “Se trata de garantizar que se les certifique su vinculación y puedan ingresar más rápido al mercado laboral”, subrayando el compromiso del Ministerio con la creación de empleo formal y de calidad.
Esta medida se enmarca en el programa ‘Empleos para la Vida’, que cuenta con financiamiento del Presupuesto General de la Nación. El programa requiere que los empleadores mantengan a los trabajadores jóvenes en sus nóminas por un mínimo de seis meses para poder acceder al incentivo.
Entre los contratantes elegibles se incluyen personas naturales, jurídicas, uniones temporales y patrimonios autónomos que puedan demostrar su calidad de empleadores a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), a quienes se dirigirá la convocatoria en junio.
Además de los incentivos para jóvenes, el programa también ofrece beneficios económicos para otros grupos vulnerables. Los empleadores pueden recibir un aporte estatal de 35% de un salario mínimo legal vigente por la inclusión de personas con discapacidad, 20% por mujeres mayores de 28 años, y 15% por hombres de este mismo rango de edad. Estos incentivos también aplican para personas afrodescendientes, negras, raizales, palenqueras, indígenas, Rrom, campesinas y miembros de la comunidad LGBTIQ+.
Los empleadores interesados en acceder a estos beneficios deberán contar con un producto de depósito en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Aquellos que ya hayan vinculado nuevos trabajadores bajo las directrices del Decreto 1736 del 20 de octubre de 2023, y hayan recibido al menos un pago del incentivo, podrán seguir postulándose conforme al Decreto 0533.
Durante la socialización del programa, Sánchez comentó que la medida es una respuesta a la falta de experiencia laboral que limita el ingreso de jóvenes al mercado de trabajo. Al incentivar a los empleadores, se busca aumentar la tasa de empleo juvenil y contribuir al crecimiento económico del país.
Bogotá será la primera ciudad en donde se implementará esta convocatoria, que se estima beneficiará a miles de jóvenes en su búsqueda de empleo. Las autoridades confían en que estos estímulos logren una mayor inserción laboral de personas pertenecientes a grupos vulnerables, promoviendo así la inclusión y reducción de desigualdades en el ámbito laboral.
La medida ha despertado interés entre empresarios y comerciantes, muchos de los cuales asistieron al evento de socialización para conocer más sobre los requisitos y procedimientos necesarios para acceder a estos incentivos. Esta iniciativa se suma a otras políticas del Ministerio de Trabajo enfocadas en mejorar la empleabilidad y condiciones laborales de la población colombiana.
Este programa se plantea al tiempo que avanza la reforma laboral en el Congreso de la República, en la que se plantean también otros incentivos para el trabajo.
