Barcelona, 23 may (EFE).- Los Mossos d’Esquadra intensificarán la presión contra los ladrones de cobre y pondrán el foco en el 10 % de los gestores de residuos que colaboran con estas bandas con una estrategia parecida a la lucha contra la multirreincidencia para atajar este fenómeno, que avisan que ha venido para quedarse.
Así lo ha avanzado en rueda de prensa el comisario Rafel Comes, después de que los responsables policiales acordaran este miércoles, en una reunión presidida por el comisario jefe, Eduard Sallent, elevar toda Cataluña al nivel 2 (en una escala de hasta tres puntos) el programa Metall, que ya estaba vigente desde febrero pasado en las zonas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, que concentraban el 50 % de las denuncias.
Comes ha advertido de que los robos de cobre -tanto en empresas como en vías férreas- es un fenómeno global que ha “venido para quedarse” y con una “difícil resolución a corto plazo” porque se trata de una materia crítica con gran demanda, de forma que hay una relación causa-efecto entre sus constantes aumentos de precio -ahora se paga a 9,5 euros el kilo- y el incremento de sustracciones, que además apenas tienen castigo penal.
Ante esta situación, ha anunciado que los Mossos incrementarán la presión sobre los grupos delictivos; llevarán a cabo más acciones preventivas, como controles de tráfico; potenciarán el uso de drones -pronto también nocturnos-; y aplicarán una estrategia de “tolerancia cero” con los gestores de residuos que colaboran con estas bandas.
El comisario ha resaltado que la “gran mayoría” de los 326 gestores de residuos que operan en Cataluña son “serios” y colaboran con la policía, aunque ha precisado que el “problema” lo tienen con un 10 % de ellos, que actúan en connivencia con estas redes y obstaculizan las inspecciones policiales, ante lo que únicamente se exponen a multas administrativas menores, de hasta 600 euros.
Por este motivo, ha pedido más herramientas para fiscalizar estos negocios y ha anunciado que harán todo cuando les permita la normativa, en colaboración con distintas consellerias de la Generalitat, para actuar contra este 10 % de gestores de residuos, que compran el cobre robado a las bandas y lo distribuyen fuera de España, hacia destinos como Asia, con una gran demanda de esta materia.
“Vamos a poner el foco en estos gestores de residuos, porque hay que atacar no solo la sustracción, sino a las empresas que lo compran de manera ilegal”, ha insistido el comisario.
No obstante, ha reconocido que al tratarse de inspecciones administrativas (el pasado año se efectuaron 312 y este año ya llevan 172, de las cuales un 17 % acaban en expediente sancionador) no pueden actuar como si se tratara de un registro autorizado por un juez, por lo que si no encuentran colaboración, la única vía es la multa económica.
Además, ha planteado la necesidad de reformar el Código Penal para castigar con mayor dureza el robo de cobre, ya que si es en vías de tren se califica como un delito de hurto, castigado como mucho con un año y medio de cárcel, mientras que comprar el material robado para venderlo -el delito de receptación- se penaliza con dos años.
También se han propuesto impulsar con la Fiscalía más órdenes de alejamiento de los ladrones respecto de las infraestructuras ferroviarias.
El comisario ha explicado que los robos de cobre los cometen en su mayoría redes criminales extensas, formadas por grupos de entre dos y cuatro personas que han convertido este delito en su modo de vida porque saben que “difícilmente” irán a prisión.
Además, ha precisado que los ladrones tienen una alta rotación, lo que dificulta atribuirles pertenencia a grupo criminal -una de las bases de la lucha contra la multirreincidencia-, aunque el 75 % tienen antecedentes y de ellos el 30 % acumulan como mínimo diez detenciones.
Asimismo, ha detallado que los robos de cobre se producen con métodos “poco sofisticados”, como por ejemplo mediante pértigas de madera, que usan para bajar la catenaria a nivel de suelo, donde la cortan con radiales, con riesgo de electrocutarse.
Una vez cortado el cable de la catenaria, como no tiene medidas de trazabilidad, lo venden enseguida.
Y si los ladrones roban cables de señalización de las vías, que se encuentran en el suelo o enterrados, los cortan y no los pelan: directamente los queman para que no quede rastro del envoltorio, que es el único elemento que podría ser identificado.
Según datos de los Mossos, entre mayo de 2023 hasta abril de este año se han registrado 5.885 incidencias relacionadas con este fenómeno -en vías férreas, pero mayoritariamente en empresas- y se han practicado 271 detenciones -un 18 % más-.
Asimismo, desde que en febrero se elevó al nivel 2 el Plan Metal en las regiones policiales metropolitana norte y sur de Barcelona y del Camp de Tarragona -el que ahora se extiende a toda Cataluña-, los controles policiales han subido un 38 % y las identificaciones policiales, un 74 %. EFE
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