El Gobierno ha confirmado a Vox en el Congreso que seis de los 22 miembros del Ejecutivo de coalición, los titulares de Trabajo, Interior, Seguridad Social, Vivienda, Economía y Ciencia, utilizan la vivienda oficial del ministerio como residencia habitual.
Ha sido a raíz de una batería de preguntas que registraron desde Vox para que numerosos ministerios especificasen algunos detalles sobre las viviendas oficiales de los ministerios. En concreto, las preguntas iban dirigidas a esos seis ministerios y al de Educación, que no ha respondido.
A través de estos escritos, los de Santiago Abascal buscaban conocer cuestiones como el órgano o ente administrativo titular de cada uno de los inmuebles, cuánto tiempo lleva cada uno de ellos residiendo en la vivienda y si se han efectuado obras en la misma desde entonces (y en caso afirmativo especificar el coste).
¿QUIÉN PAGA LOS SUMINISTROS?
Los diputados de Vox también solicitaban al Ejecutivo que detallase si los suministros de estos inmuebles (gas, luz y agua) van a cargo de los presupuestos públicos y de ser así, cuál es el coste medio mensual de estos suministros de cada una de las viviendas.
En esas preguntas, recogidas por Europa Press, Vox recogía detalles de las viviendas oficiales como su tamaño, desde 443 metros del Ministerio de Trabajo y los 320 metros de Educación, hasta los 229,81 metros cuadrados de la residencia de Vivienda.
Pero en la mayoría de respuestas, el Ejecutivo no ha querido entrar en los detalles. Solo el Ministerio de Vivienda confirma que su residencia oficial, “situada en el municipio de Madrid, consta de ocho estancias, con una superficie total de 229,81 metros cuadrados”, según figura en la contestación recogida por Europa Press.
LAS VIVIENDAS OFICIALES ESTÁN REGULADAS
Lo que sí que remarcan de manera unánime desde todas las carteras es que los aspectos relativos a la naturaleza de las viviendas y los relativos a la habilitación de un espacio de residencia para los miembros del Gobierno se determinan en escrupuloso cumplimiento de lo contenido en los artículos 5.1, 5.3 y 90 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
De igual manera, aquellas cuestiones relativas a la utilización de tales viviendas se establecen según lo recogido en el artículo 106 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Además, enmarcan el uso de estas viviendas en “razones de seguridad”.
En lo referente a los gastos ocasionados por los suministros o las obras que se hayan llevado a cabo desde la llegada de los titulares a los ministerios, como pedían conocer desde Vox, todas las carteras descartan proporcionar esa información. “Los costes asociados a dicha vivienda oficial, relativos al mantenimiento y a los suministros básicos, forman parte del gasto total del inmueble siendo, por tanto, indiferenciables”, explica Trabajo.
