La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate un proyecto de ley que busca elevar la educación a la categoría de derecho fundamental en Colombia. Esta propuesta legislativa, que ha generado un consenso sorpresivamente amplio entre los legisladores, incluso de los partidos de la oposición, marca un hito importante en la reforma educativa que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro. La iniciativa no solo obtuvo una votación mayoritaria sino que también ha despertado interés por su capacidad de unir diferentes sectores políticos en torno a una causa común.
La aprobación de los 43 artículos de este proyecto marca un hito en el proceso legislativo del país, destacándose por su enfoque en asegurar el derecho a la educación desde la infancia. La reforma pretende enfocarse especialmente en mejorar la educación en zonas rurales y para comunidades históricamente marginadas, incluyendo a indígenas, campesinos y comunidades afrodescendientes. Además, propone dignificar la profesión docente y abordar cuestiones financieras y de gobernanza educativa con un nivel de consenso legislativo notablemente alto en comparación con otras reformas del gobierno.
Sin embargo, expertos e instituciones del sector educativo han manifestado sus preocupaciones sobre diversos aspectos del proyecto. La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y Diego Mazo, rector de la institución CEIPA y experto en educación, han sugerido en un artículo de la revista Semana, que la reforma podría enfrentar desafíos significativos en términos de financiamiento, implicaciones para la educación privada, y la claridad en la progresividad y garantía del derecho a la educación para todos. Ascun ha abogado por considerar la educación como un bien “común” y no “social”, argumentando que esto podría limitar el crecimiento de la oferta educativa privada y sugerir modificaciones en la estructura de gobernanza educativa.
En este debate, se unen voces como la de la directora de pregrados de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, Yolanda Castro Robles, quien señaló en entrevista con infobae que uno de los puntos clave de la reforma propuesta por el gobierno es la apuesta política por la educación, al considerarla como derecho y no como servicio, lo cual trae implícito varios elementos: por un lado, la garantía del acceso a toda la población de manera progresiva, donde se garantice que todos los niños, niñas y jóvenes puedan recibir una educación con calidad. Por otro lado, generar condiciones para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptación del sistema, para que el Estado sea garante de dicho derecho.
– Un segundo punto clave, refiere a la necesidad de pensar la educación como un sistema integrado, de forma que se promueva la articulación entre los diferentes niveles del sistema educativo colombiano y se establezcan acuerdos formativos, curriculares capaces de reconocer la diversidad cultural, social y las condiciones de los territorios para ofrecer educación pertinente e incluyente. Esto constituye un reto importante para el sistema educativo, y para las instituciones en general, en tanto significa consolidar propuestas educativas que se acerquen cada vez más a las necesidades de formación de los niños, las niñas, los jóvenes, los territorios y los saberes.
Por supuesto que apuntar a la formación en educación inicial, a partir de la comprensión que dejó la Ley de Infancia y Adolescencia en torno a los niños como sujetos de derechos, impulsa a que las políticas educativas incorporen acciones para la atención a la primera infancia de los 0 a los 6 años, a invertir en el desarrollo de propuestas que favorezcan educativas a repensar los niveles de prejardín, jardín y transición, y fundamentalmente, a reconocer que la educación inicial, inicia desde los cero años para lo cual, el sistema debe construir propuestas incluyentes. De este modo, asumir la educación inicial como primer nivel del sistema educativo es uno de los grandes cambios que se deben producir para lograr su propia armonización.
La educación media en articulación con la educación superior es otro de los retos interesantes de esta ley estatutaria, especialmente, en cuanto a: la comprensión de qué es lo que se conceptualiza y se convierte en política educativa en torno a la educación media; en la generación de nuevas y diversas oportunidades para los jóvenes, en la que convergencia de diálogos, acuerdos y consensos con todas las instituciones que trabajan por la educación, tanto del sector público como privado. Llegar a concertaciones requiere de un sistema abierto, con capacidad de escucha de todos los actores y sectores que han venido contribuyendo a la educación en el país.
Particularmente, esto implica fortalecer la educación superior en varios ámbitos: 1) financiación que no sólo cobija a las instituciones públicas, sino también a las privadas que se han visto afectadas por las condiciones actuales; 2) calidad educativa, con un sistema de aseguramiento de calidad más flexible, amable y pertinente para las instituciones de educación superior; pero sobre todo, una comprensión sobre cómo el sistema educativo quiere entender la calidad, que vaya más allá de los resultados derivados de las evaluaciones tanto nacionales como internacionales; 3) fortalecer la formación de los jóvenes, que hoy se ven afectados por diversos problemas no sólo de carácter económico y social, sino emocional y de bienestar; 4) aportar a la formación de docentes que contribuyan a aumentar las posibilidades de los jóvenes y a dignificar la profesión docente.
En este orden de ideas, la educación superior, debe ser pensada también como un sistema articulado a los otros niveles educativos, las apuestas y proyecciones para los jóvenes implican además dar lugar a voces de sectores públicos y privados que, en un país como el nuestro, han aportado a la educación.
Finalmente, es importante señalar que el principio de progresividad que tiene definida esta propuesta de Ley compromete al Estado a generar las condiciones de financiación, infraestructura y recurso humano para expandir de manera gradual la cobertura educativa, para dar garantía de niveles mínimos de protección, y evitar con ello, que más niños, niñas y jóvenes queden excluidos del sistema educativo. Para ello, debe haber una apuesta clara en torno a la financiación de la educación, a la manera cómo se van a generar las transferencias a las regiones desde el Sistema General de Participaciones (SGP), y a aumentar la inversión en educación desde el Estado y desde las entidades territoriales.
– ¿Qué cambios se proponen en la educación inicial y básica?
– Por un lado, en educación infantil, desde el reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derecho, que implica garantía a la educación, a la no discriminación, a reducir las brechas de aprendizaje y de lo que se denomina el retraso cognitivo y del lenguaje. Por ello, se apuesta por mayores aprendizajes, desarrollo integral a nivel físico, social, afectivo, cognitivo y en ámbitos que a veces quedan por fuera como es lo afectivo y lo emocional.
El aumento de cobertura para ofrecer los niveles de prejardín, jardín y transición, puede contribuir a que estas poblaciones de niños puedan desarrollar y fortalecer distintas capacidades y habilidades, que les permita transitar tranquilamente por los otros niveles del sistema educativo, tener bienestar y calidad de vida tranquilos, y fortalecer distintos tipos de habilidades para moverse en distintos entornos sociales.
Reconocer la educación inicial como primer nivel del sistema educativo colombiano es un gran avance porque puede proyectar políticas y acciones para apoyar a los niños menores de tres años, por un lado; y el preescolar por otro lado. Esto implica también trabajar de manera articulada entre todas las instancias que tienen como foco de interés las infancias.
En educación básica y media, uno de los grandes retos que propone la Ley es garantizar que todos los jóvenes puedan continuar su trayectoria académica, aumentando oportunidades de formación no sólo en aspectos académicos y cognitivos, sino también en cultura, deporte, recreación, actividad física, arte, ciencia, pensamiento histórico, innovación, formación ciudadana y emocional, entre otros aspectos.
Se aportaría muchísimo si existe una inversión en este nivel educativo, para que el país piense en reformas curriculares acordes a los contextos, los territorios y las poblaciones; y a la vez, se pueda garantizar que los jóvenes que se formen contribuyan al desarrollo de sus territorios.
Finalmente, la directora señaló que se espera que la reforma educativa propuesta tenga un impacto significativo en las futuras generaciones, al ofrecer una base sólida para el desarrollo de una ciudadanía más activa, crítica y participativa. Al brindar una educación inclusiva y de calidad, se facilitará el bienestar emocional y social de niños, niñas y jóvenes, fomentando una atmósfera donde el desarrollo humano y social sea posible y tangible. Esta reforma persigue la igualdad de oportunidades educativas, esencial para integrar a sectores tradicionalmente marginados, asegurando su participación activa en el progreso colectivo.
Además, al dotar a la juventud de los conocimientos y habilidades necesarios para enfrentar los retos actuales, se contribuirá a la conformación de una sociedad capaz de impulsar transformaciones sociales significativas. La educación de calidad promete preparar a los jóvenes para navegar con éxito en distintos ámbitos, sean locales, nacionales o globales, abriendo caminos hacia una integración más efectiva en un mundo interconectado. En resumen, se espera que esta reforma no solo beneficie a las generaciones presentes sino que siente las bases para un futuro más equitativo y próspero, señaló Castro.
Finalmente, para que la iniciativa se materialice, aún necesita superar dos debates en el Senado de la República. En caso de avanzar en ambos, el siguiente paso será someterla a una revisión constitucional antes de que pueda ser promulgada como ley. Es crucial que complete su proceso legislativo antes del 20 de junio para su aprobación final.
