La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha advertido este lunes de la situación “extremadamente crítica” para abordar económicamente todo lo relacionado con los menores migrantes que actualmente tiene el archipiélago tras alcanzar sus costas.
Delgado ha ahondado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la situación económica en la que se encuentra la consejería que lidera y, en especial la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, debido al gasto para la atención a los menores extranjeros les ha llevado a estar en una situación “extremadamente crítica y preocupante”.
Si bien, matizó que se está haciendo “todo lo posible” para garantizar la atención de estos menores que han llegado a Canarias. Actualmente apuntó que la previsión de gasto para atender en el año 2023 a los 5.524 menores que tutela la comunidad asciende a 156 millones de euros, de los que se prevé que el Gobierno central aportará 72 millones de euros que “aún no” han llegado, por lo que hay un “déficit de financiación de 84 millones de euros”.
Delgado matizó que en estas previsiones de gasto “no” están incluidas las aportaciones que hacen otras consejerías, tales como son sanidad, educación o justicia.
Todo ello, indicó, cuando la previsión de llegada de embarcaciones “incrementará” la cifra de menores y adolescentes que necesitarán protección en los próximos meses.
PROBLEMAS DE LAS ENTIDADES
Junto al déficit de financiación citado para esta situación, Delgado expuso que las entidades con las que trabaja el Gobierno de Canarias “están teniendo serios problemas” para contratar a personal cualificado y personal, así como para encontrar recursos alojativos “adecuados disponibles”.
Canarias, dijo, tiene en estos momentos 30 centros abiertos, “más del doble que cuando empezó la legislatura”, sin embargo la consejera apuntilló que la comunidad “no puede seguir asumiendo en solitario la atención a estos menores, no solo porque las competencias en materia de infancia no fueron diseñadas para una situación de este tipo, sino porque ninguna comunidad autónoma puede garantizar la atención y la integración de estos menores sin ayuda real del Estado”.
Por último, informó de que el presupuesto de la Dirección general de Infancia para 2024 es de 153 millones de euros y la predicción solo del gasto para atender a estos menores es de 156 millones de euros, lo que dijo son datos que “dan una idea de la magnitud” de la situación actual.
“La protección de estos menores debe ser, como ya hemos repetido en varias ocasiones, un asunto de Estado. Por eso es urgente que lleguemos ya al acuerdo con el Estado para el reparto de los menores extranjeros no acompañados”, apuntilló para agregar que Canarias necesita recursos económicos “ya para poder atender en condiciones a estos menores”.
Por otro lado, expuso que se necesita también la materialización del reparto de menores acordado en la conferencia sectorial de octubre del año pasado, ya que de los 339 acordado, “solo han sido 16 derivados” a otras comunidades autónomas.
HACIENDO “TODO LO POSIBLE” PARA QUE “NINGÚN” MENOR ESTÉ EN LA CALLE
La consejera ha asegurado que se está “haciendo todo lo posible”, también de la mano de la Fiscalía general de Canarias, para “intentar que ningún menor” se quede en situación de calle. Sin embargo, admitió que “esa hipotética situación” se ha puesto sobre la mesa.
Añadió que los fiscales menores de Canarias “son conscientes de eso” y en este marco desde la Fiscalía General de Canarias ha hecho un informe al Estado exponiendo la situación “de saturación” que tiene el archipiélago, no sólo de centros, porque también se han solicitado centros militares como en la isla de La Palma pero que el Ministerio de Defensa “lo ha negado”.
Finalmente indicó que a todo ello se suma que el Gobierno de Canarias tiene 1.800 menores nacionales tutelados.
