(Desde Santiago, Chile) Este lunes continúa la formalización de los “Pulpos Verdes”, asociación delictiva de 12 carabineros de la Segunda Comisaría de Estación Central, en Santiago, detenidos por la Sección de Asuntos Internos de la misma institución y acusados de extorsiones, amenazas, lesiones, robo y detención ilegal, entre otros delitos.
Buena parte de los afectados son comerciantes chinos del populoso barrio Meiggs, quienes desde hace un año y medio venían denunciando estos hechos.
Loa investigación comenzó a desarrollarse en enero del año pasado, cuando una patrulla de carabineros llegó hasta una bodega ubicada en Estación Central, propiedad de un empresario de origen chino. Según afirmó a El Mostrador la abogada de las víctimas, María José Sarmiento, los policías hicieron un ingreso ilegal a dicha bodega, pues esperaron a que una persona que estaba adentro saliera a recoger mercadería para ingresar.
Una vez dentro, “empiezan a hacer controles de identidad adentro del local a los trabajadores que estaban ahí, que ellos los mantienen encerrados bajo amenaza”.
Al controlar la identidad del dueño del local le pidieron $500 mil pesos (USD 550) para dejar sin efecto el “operativo”. Y aunque el afectado entregó su cédula de identidad en regla, igual se lo llevaron detenido, todo lo cual fue grabado por una de las personas que estaba en el lugar.
Otro hecho por el cual la abogada Sarmiento interpuso acciones legales fue la detención ilegal de otros dos ciudadanos chinos, en agosto del año pasado y en la puerta del edificio donde residen, por varios policías con sus rostros cubiertos con pasamontañas verdes y desprovistos de todo tipo de identificación, cuestión que es obligatoria.
“En ese momento les hacen registro, un supuesto control de identidad, y les piden dinero para no seguir con el control. Uno de ellos alcanza a entrar al edificio”, explicó la abogada, agregando que ante ello los uniformados ingresan detrás de él y lo sacan a la fuerza, pidiendo $500 mil pesos para dejar sin efecto el procedimiento. Todo quedó grabado en dos videos.
Modus operandi
Tocante al modo de operar de la agrupación, Sarmiento, señaló que “ellos ofrecían sus servicios ostentando su calidad de carabinero. Entonces ahí no había ningún problema, no tenían ninguna necesidad de ocultarse”.
“Cobraban una suma de dinero, partían cobrando por una tienda y empezaban por prestar una supuesta seguridad, que era ir con funcionarios de ellos. Se quedaba un funcionario durante el día a cierto horario en el local comercial”, precisó, agregando que, sin embargo, eso ocurría solo los días posteriores al pago. Por cierto, cuando hubo delitos que perseguir, nunca intervinieron.
La “tarifa” era de $1,6 millones mensuales por local (USD 1.800), y cada vez que alguien accedía a “contratarlos”, presionaban para iniciar el negocio en otros locales.
Si algún locatario se negaba, comenzaban “hostigamientos y amenazas. Se paraban afuera del local y hacían controles de identidad y controles de tránsito, y no dejaban a la gente ingresar a los locales. Ese hostigamiento permanente además involucraba a personal de seguridad municipal, porque venían y hacían controles a los locales, de patentes, de lo que fuera”, relató la abogada, quien detalló que aunque ellos no denunciaron a los funcionarios de seguridad de Estación Central, “sí nos llamaba la atención la concurrencia inmediata y la participación reiterada de algunos de ellos en estos procedimientos”.
Sarmiento recalcó que estos hechos ocurrían desde “hace años” y que las víctimas comenzaron a denunciar cuando ya se sintieron demasiado abusadas. Además, reveló que varios de sus clientes fueron amenazados durante el periodo de investigación y que, por ello, fue necesario solicitar que la Fiscalía dictara medidas de protección, que por supuesto, fueron encomendadas a otras unidades policiales.
