El Centro Democrático presentó una acción popular con el objetivo de detener el avance de las reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro.
El partido político de oposición argumenta la necesidad de esclarecer primero el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Esta medida se da a pocas semanas de finalizar la legislatura en el Congreso de la República, lo cual genera un escenario de tensión en el Capitolio Nacional.
Frente al anuncio del Centro Democrático, el representante a la Cámara del Pacto Histórico David Racero aseguró en su cuenta de X que en la oposición están “desesperados”.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
El Centro Democrático presentó una acción popular ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con el objetivo de detener la reforma pensional, la reforma a la educación y la reforma laboral, además del proyecto que busca establecer la Empresa Colombiana de Minerales.
Por ese motivo, el legislador perteneciente a la coalición de Gobierno criticó al partido político por intentar, según sus palabras, que la rama judicial interfiera indebidamente en el proceso legislativo al intentar frenar las reformas sociales.
Racero aseguró que esta acción carece del más mínimo fundamento jurídico y vulnera la autonomía del legislativo. Además comentó que la colectividad estaba desesperada y quería “impedir que los adultos mayores puedan tener una vejez más digna”.
“Sin el más mínimo de fundamento jurídico, el Centro Democrático pretende que la rama judicial caiga en sus “jugaditas” para frenar las reformas sociales violando la autonomía propia del legislativo. Están desesperados cuidando sus privilegios y negándole la posibilidad a que adultos mayores puedan tener una vez más digna”, opinó Racero en su cuenta de X.
La representante María Fernanda Carrascal se sumó a las palabras de David Racero y criticó al Centro Democrático, acusándolo de “no tener nada de democrático” al proponer un “paro legislativo” y recurrir a diversas estrategias para evitar los debates. Carrascal afirmó que esta conducta es una “vergüenza” y recordó que los colombianos esperan que el Congreso cumpla con su labor.
“El @CeDemocratico no tiene nada de democrático: propusieron un “paro legislativo”, recurren a todo tipo de jugaditas para huirle a los debates y ahora salen con esto. Son una vergüenza. Los y las colombianas están esperando que el Congreso haga su trabajo”, dijo la congresista de la coalición de Gobierno en su cuenta de X.}
En el comunicado del partido político dijeron que: “Se solicita que la suspensión de dichas reformas se mantenga hasta que haya un pronunciamiento judicial que aclare las graves denuncias de corrupción alrededor de la Ungrd que han salpicado a funcionarios del Gobierno Nacional, así como a miembros del Congreso. Una situación que deslegitima y vicia la votación de quienes resulten involucrados en los hechos denunciados”.
También comentaron en este que: “la acción popular busca proteger el ahorro que millones de colombianos han hecho para poder tener una vejez digna; que se brinden garantías a servicios de salud sin interrupción alguna; que los jóvenes tengan acceso a instituciones educativas públicas y privadas en igualdad de condiciones; que a los trabajadores se les garantice la posibilidad de un trabajo formal y en condiciones dignas, y por último, para que se evite un daño patrimonial a las finanzas públicas por decisiones sin planificación, transparencia y eficiencia”.
Días atrás la colectividad dio a conocer sus motivos para oponerse a la reforma pensional que se tramita en el Congreso de la República. Una de sus principales objeciones es el aumento de la edad para acceder a los subsidios del adulto mayor, que para las mujeres pasaría de 57 a 60 años y para los hombres de 62 a 65 años.
El partido también destaca el perjuicio que esta reforma podría causar a los colombianos con salarios bajos que cotizan a fondos privados, ya que serían trasladados a Colpensiones y verían incrementado el periodo de cotización de 1.150 a 1.300 semanas, obligándoles a trabajar tres años más.
Además, el Centro Democrático advierte que la reforma contempla un aumento en la cotización para los empleados que ganan entre 3 y 7 salarios mínimos legales mensuales. Según el partido, estas medidas son perjudiciales para los trabajadores y representan una carga adicional que afectará principalmente a aquellos con ingresos más bajos, entre otros motivos que expusieron.
