La Fiscalía Europa ha señalado en el decreto por el que asume la investigación completa del ‘caso Koldo’ que los delitos que se investigan “afectarían directamente a los intereses financieros de la Unión Europea” y que debe quedarse con la totalidad de las pesquisas porque “la investigación conjunta es la solución más adecuada”.
Así lo explica esta fiscalía (EPPO por sus siglas en inglés) en un decreto de 65 páginas al que ha tenido acceso Europa Press. En el mismo, resalta además que al menos uno de los contratos que investigaba hasta ahora el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha sido financiado total o parcialmente con fondos europeos.
Para la EPPO resulta “difícil circunscribir las irregularidades” presuntamente cometidas por la trama “exclusivamente a una parte de los contratos de los que resultó adjudicataria Soluciones de Gestión” –empresa que está en el epicentro de la investigación– y dejar fuera los demás contratos que también le fueron adjudicados en las mismas circunstancias por diversas razones.
Suma a esto que en la documentación que le ha ido facilitando el instructor Ismael Moreno “se habla del montante total de las adjudicaciones y del beneficio obtenido y su destino”, y subraya que no existe posibilidad de discernir “si las cuantías que provenían de contratos financiados totalmente con fondos nacionales eran destinadas a una finalidad y las de los fondos europeos a otras”.
“En este estado de cosas, la investigación conjunta de los hechos relativos a la totalidad de los contratos investigados en el Juzgado Central de Instrucción número 2 y en la Fiscalía Europea parece la solución jurídicamente más adecuada para el completo esclarecimiento de los hechos”, añade.
Y suma que la incoación de dos procedimientos diferenciados en el presente caso “podría llegar a perjudicar los derechos de defensa de los investigados, (…) de la misma forma que afectaría a una eficiente y ágil investigación al duplicarse las diligencias de investigación, en gran medida coincidentes”.
CRÍTICA A ANTICORRUPCIÓN
En su decreto, la EPPO recuerda también que la Fiscalía Anticorrupción le comunicó en junio de 2023 que en una reunión de la Comisión de Seguimiento y Coordinación de las relaciones entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía Española, presidida por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, éste acordó remitirles sólo “la investigación de los contratos financiados con fondos europeos del Servicio de Salud de las Islas Baleares y del Servicio Canario de Salud”.
En cambio, añade, decidieron mantener la investigación del contrato adjudicado por ADIF, “pese a que constaba (…) en el anuncio de adjudicación del contrato que se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea”.
La EPPO afea además al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no incluyera en su decreto por el que les informaba de las diligencias “un relato pormenorizado de los hechos investigados ni de si las irregularidades eran predicables de todos los contratos o sólo de alguno o algunos de ellos”.
Añade que se limitó a “una descripción genérica, sin individualizar hechos concretos con presuntas conductas delictivas”. “En atención a la ausencia de la información que se había solicitado, no le era posible a la Fiscalía Europea valorar su competencia”, recuerda.
EL REGLAMENTO “OBLIGA” A LA AN
Por otro lado, la Fiscalía Europea insiste en que, por ley, una vez que ha ejercido su derecho de avocación, la Audiencia Nacional está “obligada” a transferirle el caso y abstenerse de realizar “ningún acto de investigación”.
Recalca que en los casos en los que se perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea prima su competencia sobre la de los jueces nacionales. E insiste en que, aunque en el ‘caso Koldo’ existen “indicios de la presunta comisión de un delito de cohecho donde el daño causado al Estado nacional es sensiblemente superior al daño causado a la Unión Europea”, ha de ejercer su competencia.
Para la EPPO, “resulta palmario que los nueve contratos adjudicados a la misma empresa (los financiados con fondos europeos y los financiados con fondos nacionales) deben ser investigados conjuntamente”.
Las fiscales señalan que, según consta en la querella, se trata de “una misma mecánica comisiva con relación a una unidad de acción sobre unos hechos indiciariamente cometidos por los mismos sujetos con ocasión de varias contrataciones públicas circunscritas en un mismo espacio temporal y aprovechando idénticas circunstancias”.
Cabe recordar que el magistrado Ismael Moreno ha dado ya traslado a la Fiscalía Anticorrupción de este decreto de la EPPO para recabar su informe sobre tal avocación y la remisión de las actuaciones. Se da la circunstancia de que una vez que el asunto queda en manos de la EPPO, las acusaciones populares personadas (PP y Vox) dejan de ser parte del caso.
Por el momento, y mientras llega el informe de Anticorrupción relativo a esa avocación, en el que según fuentes jurídicas consultadas es previsible que se oponga a entregar la totalidad de la investigación, la petición de esta fiscalía especial de que se cite como investigados a dos altos cargos del Ministerio de Transportes queda congelada dado que el instructor no puede acordar nuevas diligencias una vez que la EPPO asume una causa.
