La Fiscalía Provincial de Madrid ha acusado al juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ignorar un recurso suyo contra el auto por el que acordó prorrogar el secreto de la causa.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal José Manuel San Baldomero se queja de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, no haya prestado atención al recurso que presentó al considerar que la resolución con la que prorrogaba el secreto “carecía de motivación y no concurrían los requisitos legales”.
El fiscal menciona que el recurso está fechado el pasado 23 de mayo y se presentó de forma presencial ese día por la mañana, pero señala que no advierte que esté presente en el sistema Horus y lamenta que ha estado un mes sin posibilidad de acceder, aunque “afortunadamente” ha vuelto a poder entrar.
San Baldomero señala que su recurso “no fue tramitado” y “directamente”, al día siguiente, el juez levantó el secreto del sumario, justificando en que ya se había conocido en prensa el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que no “era necesario mantener el secreto pues no iba a perjudicar la investigación en curso”.
“El recurso interpuesto, ni se estima ni desestima ni se menciona, simplemente se ignora y se dicta resolución, en el sentido solicitado, pero de forma escueta y analizando de forma parcial los motivos y argumentos que se le exponía en el recurso”, expone.
Además, el representante del Ministerio Público indica que la decisión del juez de decretar el secreto de sumario el 16 de abril al abrir la causa tras la denuncia contra Gómez del sindicato Manos Limpias “tampoco fue compartida y fue objeto de análisis en el recurso de apelación frente al auto de incoación y declaración simultánea del secreto”.
“Pero ni retiramos, ni renunciamos ni desistimos del recurso de reforma, orillado y omitido a nuestro parecer de forma improcedente”, traslada, para añadir que el juez debe dictar una resolución “oportuna y procedente” aunque considere que carece de objeto.
NO SE PUEDE INVESTIGAR “DE ESPALDAS AL SOSPECHOSO”
Y en otro escrito de días previos, el 22 de mayo, el fiscal explica que desde el principio “no se daban los presupuestos y requisitos para declarar el secreto inicial de las actuaciones” y “menos aún existen para decretar la prórroga sin motivación”.
San Baldomero asegura que le parece “totalmente contradictorio” que se declarara el secreto de sumario y que se comunicara la apertura de la causa “a la persona que aparece como denunciada y la propia declaración de secreto a la persona que va a ser investigada”.
Para el fiscal, “la excepcionalidad del secreto de sumario no puede asumirse de forma extensiva, y las causas tasadas no pueden presumirse, sino que deben interpretarse de forma estricta, y la decisión ser motivada de acuerdo a las circunstancias del caso; porque lo contrario puede tener como resultado una instrucción de espaldas al sospechoso y lesiva a sus derechos en el proceso”.
“La ley procesal no ampara instrucciones de espaldas al investigado”, defiende, a la vez que incide en que la causa indaga en presunto tráfico de influencias –también se investiga supuesta corrupción en los negocios– que “tiene carácter de delito menos grave, con pena en abstracto máxima de 2 años, y que difícilmente podría amparar medidas de investigación restrictivas de derechos fundamentales”.
VOX CRITICA EL RECURSO DEL FISCAL
Por su parte, Vox, que ejerce como acusación popular, ha remitido al juez su respuesta a ese recurso de la Fiscalía y pide que lo desestime al entender que carece de objeto y apunta que el juez optó por levantar el secreto al ver publicado en la prensa el informe de la UCO.
El partido sostiene que “por economía de recursos procesales, humanos y económicos no tiene ningún sentido tramitar un recurso en el que ya de antemano, antes de resolver se ha concedido lo pedido”.
Vox no comprende las motivaciones de la Fiscalía al decir que no va a retirar su recurso y cree que buscan “dilatar y provocan actuaciones procesales sin motivación ni justificación”.
Cabe recordar que la UCO, en su informe, descartó delito en la actuación de Gómez respecto al rescate de Air Europa y también que su intervención decantara adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés.
