Gustavo Adrianzén, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), no se presentó a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso (Codeco), a pesar de haber sido citado. Wilson Soto, el presidente de dicha comisión, expresó su desacuerdo por esta ausencia sobre todo en una propuesta central de delegación facultades al Poder Ejecutivo, que en una de sus atribuciones, se plantea la fusión de los organismos reguladores de los servicios públicos, tales como Osiptel, Osinergmin, Ositrán y Sunass.
La medida fue catalogada por Rafael Muente, presidente del consejo directivo de Osiptel, como un riesgo potencial para la independencia de estos reguladores.
“Se necesita conocimiento especializado. Por tanto, decir que son funciones iguales, la respuesta clara es que no. La integración no es igual a juntar a todos en un mismo espacio” indicó durante su participación en la referida comisión.
Por su parte, Verónica Zambrano, presidenta del consejo directivo de Ositrán, indicó que el proceso seguido para esta solicitud no ha cumplido con los estándares requeridos. Inicialmente, la propuesta se centraba en mejorar la coordinación entre los reguladores, pero posteriormente cambiaron la brújula para buscar su fusión en un organismo multisectorial.
El presidente de Osinergmin, Omar Chambergo, indicó que la fusión de los organismos reguladores podría generar una estructura burocrática más compleja, lo que dificultaría la toma de decisiones rápidas y efectivas en situaciones críticas. Esto, según el representante, podría llevar a una disminución en la calidad de la supervisión y a una pérdida de especialización tanto en los consejos directivos como en los órganos de línea.
Recomendación de OCDE no aplica para reguladores
Zambrano también mencionó que la OCDE ha recomendado la creación de un único ente regulador para ministerios, agencias y oficinas, pero no para los organismos reguladores existentes.
En la misma línea coincide el titular de Osinergmin, quien señaló la falta de un análisis previo adecuado para dicha propuesta y advirtió sobre las posibles consecuencias negativas para la especialización y calidad de los servicios de cada organismo. Chambergo recomendó fortalecer la autonomía de estos reguladores, como también sugiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Ambos expertos coinciden en que la fusión podría comprometer la capacidad técnica de los organismos reguladores, especialmente en sectores tan diversos como el energético y el minero, que requieren conocimientos específicos.
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 29158 establece que los organismos reguladores deben actuar en ámbitos especializados dentro del mercado, cumpliendo con tareas específicas según sus competencias.
“Un actor político en un debate técnico”
En su intervención, el congresista Carlos Anderson (No agrupado) se mostró sorprendido por la ausencia del titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, quien a su juicio no está preparado para dar argumentos técnicos por la propuesta de unión de los organismos reguladores.
“Este es un debate técnico y él es un actor político. La propuesta sin duda está mal estructurada y planteada, porque no tiene argumentos técnicos y es una propuesta de carácter político que buscar capturar a los reguladores, por lo tanto, me queda claro que no se le puede dar facultades especificas en este punto”, manifestó.
Hubo propuestas anteriores de fusionar reguladores
Las entidades recordaron en otro momento que no es la primera vez que se propone la unificación de los reguladores, pero luego de someter a diversos análisis exhaustivos, siempre se determinó que dicha decisión no era adecuada para los fines del Estado. También destacaron sus esfuerzos en evaluaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que subraya la importancia de sus roles en el desarrollo económico y resaltó los beneficios de la especialización técnica.
Los organismos reguladores citaron también al Tribunal Constitucional del Perú que en diversas oportunidades ha valorado su labor y destacado el papel fundamental en el suministro del marco regulador necesario para promover nuevas inversiones y el bienestar de los usuarios de los servicios públicos supervisados.
“Precisamente, la autonomía de los organismos reguladores y su carácter técnico especializado resulta una garantía para evitar interferencia política o de grupos de interés, pues sus políticas están orientadas a la búsqueda de un equilibrio en el mercado y del bien común”, añadieron en un pronunciamiento conjunto.
