Una bebé de 3 meses de edad perteneciente a la comunidad emberá asentada en el Parque Nacional de Bogotá, perdió la vida el domingo 9 de junio por la mañana.
La Alcaldía Mayor de Bogotá informó sobre este hecho, señalando que refleja la crítica situación humanitaria que enfrenta dicha comunidad.
Posteriormente a que se conociera la muerte de la bebé el concejal del Centro Democrático Daniel Briceño informó que el Secretario de Salud de Bogotá confirmó en el Concejo de Bogotá que la niña emberá de 3 meses fallecida en el Parque Nacional murió debido a la responsabilidad de sus padres y de los líderes de la comunidad, quienes no permitieron el acceso de las autoridades y los médicos.
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En otra de sus publicaciones, el político perteneciente a partido de oposición denunció a través de un hilo en su cuenta de X los graves hechos relacionados con la muerte de una niña emberá de 3 meses de edad en el Parque Nacional.
Según Briceño, la niña tenía tres meses y cinco días al momento de fallecer. Además, dio a conocer que el padre tiene 31 años y la madre 24, y que la pequeña contaba con hermanos de 9, 7, 1 año y otro de 10 meses de edad.
En su hilo el servidor público continuó explicando que “desde el pasado 11/09/2023 la Secretaría de Salud identificó a la madre gestante en la UPI La Florida (Uno de los sitios en los que se aloja la comunidad embera en Bogotá) ese día se le hizo su primer análisis y se le brindó la atención como gestante”.
Asimismo, continuó narrando que el 21 de septiembre de 2023, la madre gestante fue trasladada por la Secretaría de Salud al CAPS de Suba, donde recibió atención médica para gestantes. Además, señaló que el 10 de octubre de 2023 se le asignó una cita de psicología en el Centro de Atención en Salud Emaús, pero la gestante se negó a asistir.
El concejal igualmente declaró que entre el 23 y el 27 de octubre de 2023, la Secretaría de Salud intentó localizar a la madre gestante y a su familia en la UPI La Florida sin éxito. Posteriormente, tras una búsqueda, descubrieron que se habían trasladado al Parque Nacional, donde finalmente lograron brindarles atención médica nuevamente.
En dichas publicaciones de igual manera explicó que “las autoridades le asignan una cita médica a la madre gestante para el día 08/11/23 y la madre se NIEGA a asistir. El 15/12/23 la familia es valorada nuevamente y la gestante se le da la opción de retornar a su territorio. La madre decide quedarse en el Parque Nacional”.
También informó que el 3 de marzo de 2024, la madre gestante fue trasladada de emergencia en ambulancia a la USS Materno Infantil tras presentar signos de alarma. Al día siguiente, 4 de marzo, nació la niña en la clínica. Briceño destacó que se realizaron seguimientos estrictos los días 4, 7, 8, 12, 14, 18 y 19 de marzo de 2024.
Los días 14, 17 y 20 de marzo de 2024 se llevaron a cabo varios seguimientos, en los cuales la trabajadora social indicó que la menor presentaba un diagnóstico de bronconeumonía y estaba en tratamiento para una enfermedad respiratoria, siempre acompañada por su madre. Briceño añadió que la menor fue dada de alta el 23 de mayo con inhaladores y órdenes para un seguimiento y control pediátrico en un mes.
También comentó que: “El 29/05/2024 de hace una valoración de la menor luego de que uno de los lideres de la comunidad NO PERMITIÓ durante varios días que las autoridades hicieran el recorrido de identificación de riesgos. Una completa irresponsabilidad”.
Briceño continuó su hilo explicando que el 9 de junio de 2024, el equipo de la ambulancia del Parque Nacional fue abordado por los padres de la menor, quienes la llevaban en brazos debido a que no respondía. Al identificarse la ausencia de signos vitales, se declaró su fallecimiento y se notificó a la policía y fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo.
Briceño destacó que, según el informe de la Secretaría de Salud, los cuidadores de la menor se encontraban presuntamente en estado de alicoramiento, dado el aliento alcohólico y la incoherencia en su diálogo.
Y finalizó su hilo diciendo: “Desde mi oficina interpondremos todos los recursos de ley para que el ICBF y la Fiscalía General de la Nación actúen. Aquí hay una evidente responsabilidad de los padres y el interés del menor en Colombia debe hacerse respetar. Muy lamentable todo”.
