Vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han afeado a su presidente interino, Vicente Guilarte, que enviase un nuevo texto a las Cortes para actualizar su propuesta de cambiar el sistema de nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que quitaría al CGPJ dicha facultad si el PP no pacta la renovación antes de que termine este mes de junio.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han confirmado a Europa Press que, durante el Pleno extraordinario celebrado este jueves para el nombramiento urgente de letrados del Gabinete Técnico del Supremo, los vocales del ala conservadora han reprochado a Guilarte que continúe enviando “iniciativas unilaterales” a las Cámaras.
Según dichas fuentes, estos vocales le han pedido al presidente interino que se comprometiese a no remitir más escritos al Congreso o el Senado. Durante el debate, Guilarte ha defendido que sus misivas a las Cortes siempre las ha enviado a título personal y que así lo ha advertido en sus escritos. Con todo, se habría comprometido a cesar en su comportamiento, de acuerdo a fuentes presentes en el Pleno.
La controversia ha tenido lugar después de que esta mañana el propio CGPJ informara de que Guilarte había enviado a las Cámaras una actualización de su propuesta para modificar el sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos del Poder Judicial y de designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
EL ESCRITO DE GUILARTE
En el documento, recogido por Europa Press, Guilarte explica que presentaba este nuevo escrito ante las “no pocas sugerencias” que había recibido. Y aprovecha para hacer mención al mensaje que ayer miércoles efectuó el jefe del Ejecutivo, quien aseguró que quitaría al CGPJ la facultad de nombrar a los magistrados del Supremo si el PP no pacta la renovación antes de que termine este mes de junio.
Guilarte asegura que el mensaje de Sánchez “abre la puerta a la esperanza”. “Quiero creer que asume la idea de que el problema radica en la fórmula de elección de los altos cargos judiciales, hoy ontológicamente viciada de discrecionalidad”, señala, al tiempo que celebra que apunte a la necesidad de someter dicho proceso de elección “a los principios de mérito y capacidad”.
“En todo caso, para disipar una relativa ambigüedad, es imprescindible aclarar que los nombramientos, bajo la fórmula que apunto, deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional”, defiende. Y añade que: “No es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta”.
