El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que presentará en julio un plan de acción democrática para “acabar con la impunidad de algunos ‘pseudomedios’ financiados en buena parte por gobiernos de coalición de ultraderecha entre el PP y Vox”, que modificará también la ley orgánica sobre el derecho al honor y a la rectificación.
En una entrevista publicada este domingo por ‘La Vanguardia’ y recogida por Europa Press, Sánchez ha asegurado que hay una desconexión entre la conversación pública y la publicada porque “algunos tratan de crear un ambiente irrespirable”.
Sánchez ha detallado que el nuevo plan tratará de transponer la nueva ley de libertad de los medios de comunicación que aprobó en abril el Parlamento Europeo con la que, entre otros cambios, se sabrá quiénes son los propietarios de los medios, su financiación y habrá una “medición objetiva” cuando se otorguen subvenciones públicas a medios.
“Nuestra obligación es consolidar unos medios de comunicación plurales, diversos, con información veraz”, ha defendido, y ha añadido que actualmente existen personas que no pueden salir de casa sin que le insulten por las informaciones que se publican de ellas en algunos medios.
El presidente ha reprochado a PP, Vox y al nuevo partido Se Acabó la Fiesta que propaguen bulos y desinformación en medios de comunicación, y ha valorado que existe una “polarización asimétrica” que, a su juicio, proviene del no reconocimiento por parte de la derecha de los resultados de las elecciones generales.
REFORMA DE LA JUDICATURA
Preguntado sobre una posible reforma de la judicatura, Sánchez ha propuesto cambiar el sistema para que la cúpula judicial la escojan los mismos jueces: “Ahora la carrera de los jueces está más ligada al poder de cooptación del PP que a los méritos y las capacidades de los jueces”, ha afirmado.
Sánchez ha explicado que la reforma se propondrá mediante una ley orgánica y ha remarcado que “el plan está preparado y será plenamente constitucional y acorde con el derecho europeo”.
El presidente ha añadido que cuando el Gobierno se refiere a ‘lawfare’ no se dirige al poder judicial, sino a PP y Vox, textualmente, sobre la politización de la justicia: “No hay mayor caso de ‘lawfare’ en España que el secuestro político del PP y de Vox del Consejo General de Poder Judicial”, ha criticado.
