(Desde Washington DC, Estados Unidos) La misión de seguridad apoyada por Naciones Unidas (ONU) para enfrentar a las bandas armadas que asolan a Haití se demoró por falta de fondos, infraestructura, tropas entrenadas y coordinación entre los representantes del Gobierno de Kenia -a cargo de la operación- y la cúpula policial de la isla caribeña que se resiste a ceder la autoridad efectiva en su propio territorio.
La ONU planificó que la misión de seguridad llegaría a Puerto Príncipe (Haití) antes que concluyera mayo, pero una sucesión de dificultades financieras, logísticas y de seguridad retrasaron el despliegue de las tropas que asignará Kenia junto a otros países como Jamaica, Chad, Belize, Bahamas y Argentina.
“Si no surgen otros inconvenientes, la misión arribará a fines de junio”, aseguraron a Infobae en el Departamento de Estado.
La operación de seguridad en Haití fue aprobada por el Consejo de Seguridad -con la abstención de China y Rusia-, es financiada casi en su totalidad por Estados Unidos y Kenia ejerce la representación formal. Canadá, Francia, Alemania y España también aportaron fondos, pero son recursos escasos ante los 1.000 millones de dólares que se necesitan al comienzo de la operación.
El Pentágono está involucrado en la misión a Haití y en las últimas semanas contrató un proveedor de internet y adquirió artículos de higiene y ropa de cama destinados a la base que ya montó en las proximidades del aeropuerto Internacional Toussaint Louverture (Puerto Príncipe).
Sin embargo, el capítulo logístico de la misión no se consolida. Kenia envió a sus representantes a Haití para revisar las instalaciones montadas por el Departamento de Defensa, y la conclusión de la visita sorprendió en Washington: los enviados del gobierno de William Ruto se quejaron por la ausencia de espacios dedicados a la recreación de los policías que llegarán desde Africa a Centroamérica.
A pesar de los inesperados reclamos de Kenia, el Pentágono continúa a marcha forzada con sus planes vinculados a la logística y a la seguridad de la isla caribeña. En las últimas semanas desembarcaron en Haití cerca de 200 contratistas de Estados Unidos que protegerán al personal civil que dará respaldo a la operación avalada por la ONU.
El Pentágono contrató por 30 millones de dólares a la empresa GardaWorld Federal Services, que ya cumplió tareas similares en Afganistan cuando Estados Unidos operaba en ese país y necesitaba la protección extrema de sus oficinas diplomáticas y del personal civil que trabajaba a las órdenes del Departamento de Estado.
Biden se involucró en la misión de Haití y trató este asunto durante su encuentro oficial con William Ruto, presidente de Kenia. Ruto tiene una agenda compleja en su país y la oposición ha cuestionado su decisión política de enviar a 1.000 policías a Haití. Ese cuestionamiento desembocó en una presentación judicial que fue resuelta en las última semanas.
Los planteos políticos en Kenia se repiten en Washington. Biden solicitó al Capitolio una partida extra de 40 millones de dólares para facilitar el despliegue de las tropas keniatas en Haití. Con esos fondos se podía financiar helicópteros destinados a acelerar el proceso de despliegue de los policías africanos que deben enfrentar a las bandas armadas.
Pero el representante republicano Michael McCaul, titular de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y el senador republicano Jim Risch, jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos, se negaron a conceder los 40 millones de dólares solicitados por el Departamento de Estado.
“Necesitamos más detalles”, comentaron McCaul y Risch cuando fueron consultados al respecto.
“Todos sabemos que la situación en Haití es muy grave: En los primeros seis meses de este año (2023) mataron a más de 2.000 personas; hubo más de 1.000 secuestros en el mismo período; más de cinco millones de haitianos necesitan asistencia humanitaria con urgencia; decenas de miles de haitianos enfrentan una situación de hambre catastrófica; y hay cerca de 60.000 presuntos casos de cólera. Casi la mitad de esos casos son menores”, afirmó Antony Blinken cuando la ONU se aprestaba a apoyar la misión de seguridad a Haití.
Desde ese momento, septiembre de 2023, pasaron casi 10 meses. Y todavía nada ocurrió con la excepción de dos crisis políticas y el avance constante de las bandas armadas que ya controlan el 80 por ciento de Haití. Esos grupos delictivos, si se lo propusieran, podrían ocupar la base montada por Estados Unidos y demorar -aún más- la misión respaldada por Naciones Unidas.
En este contexto, la coordinación entre la policía de Haití y las tropas de Kenia se parece a un vodevil.
Hace tres semanas, cuando Ruto aún no había sido recibido por Biden, el Consejo Presidencial de Transición de Haití se reunió para definir los primeros pasos de la misión liderada por Kenia. “Haití, a través de la Policía Nacional Haitiana, tendrá el control general de las operaciones de la misión sobre el terreno”, anunció el Consejo en un comunicado oficial publicado en su página de Facebook.
Y completó: “Todo, desde la composición, los objetivos, las reglas de enfrentamiento y los controles sanitarios de las tropas, será coordinado y supervisado por las autoridades policiales haitianas”.
Kenia rechazó este comunicado y se apoyó en la Casa Blanca para advertir al Consejo Presidencial que estaba a cargo de la operación. Los enviados de Ruto tienen sus razones para explicitar que van a controlar la operación en el terreno: desconfían de la policía local por sus eventuales lazos con las bandas armadas, y consideran que si traen las tropas deben asegurar su manejo táctico en el terreno.
A la pulseada por el control de la operación de seguridad se suma la escasez de tropas y su limitado entrenamiento para enfrentar a organizaciones delictivas que tienen armamento sofisticado y conocen el escenario de conflicto.
Kenia espera desplegar un contingente de 200 efectivos propios a partir de junio. Muy poco frente a las bandas criminales que todavía fijan las reglas de juego en Haití. Y se preparan para resistir a la misión de seguridad que respalda Naciones Unidas.
