El presidente del Comité Revolucionario de los rebeldes hutíes de Yemen –el Gobierno interino establecido por la insurgencia–, Mohamed Alí al Huti, ha invitado a China y a Rusia a presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU los documentos elaborados a partir de las investigaciones que han permitido desmantelar una supuesta red de espionaje liderada por Israel y Estados Unidos en el país y que ha llevado a la detención de varios trabajadores de la ONU y de otras ONG internacionales.
“Estamos dispuestos a entregar las pruebas y los documentos a un tercero (…). Hemos invitado anteriormente a China y Rusia y seguimos llamando. La invitación sigue en pie si quieren presentarlas ante el Consejo de Seguridad”, ha asegurado Al Huti, según la cadena de televisión yemení Al Mashirah, controlada por el grupo.
Además, ha pedido explicaciones tanto a Naciones Unidas como a otras organizaciones por estas acciones que “reflejan el incumplimiento de sus normas de trabajo”, si bien ha especificado que no tiene “nada en contra” de estos organismos.
“No tenemos nada contra el personal de las organizaciones internacionales, pero condenamos a Estados Unidos por emplear a sus espías bajo estas tapaderas, y no permitiremos que ni Estados Unidos ni nadie lleve a cabo ninguna acción de espionaje hostil contra la República de Yemen”, ha expresado.
Los rebeldes hutíes reconocieron a comienzos de semana que tenían retenidos a más de una decena de trabajadores de la ONU, así como a otros once miembros de la sociedad civil yemení, quienes habrían confesado “horribles detalles” sobre sus planes para dañar el sector agrícola y ganadero del país en las zonas controladas por la insurgencia, que es donde más población vive, y que estaría operativa desde 2015 camuflada a través de las labores de trabajo humanitario.
Estas detenciones han tenido lugar en medio del ahondamiento de la crisis humanitaria en Yemen, donde cerca de una década de conflicto entre los rebeldes y las autoridades reconocidas internacionalmente han dejado a 17,6 millones de personas –la mitad de la población– en situación de inseguridad alimentaria.
