El ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a avanzar en nuevos aumentos en luz, gas, transporte y combustibles para alcanzar el objetivo de déficit cero, ante posibles retrasos o un eventual fracaso del paquete fiscal que impulsa el oficialismo en el Congreso.
Ese plan de contingencia fue explicitado por el equipo de Economía en el staff report que publicó el FMI tras la aprobación de la octava revisión del programa argentino. Los proyectos con los que Caputo espera no endurecer el ajuste que lleva adelante, aprobados en Diputados, tuvieron la semana pasada algunos traspié en el Senado.
“En caso de retrasos en la aprobación por el Congreso de los paquetes fiscal y Ley Bases, las autoridades acordaron aplicar medidas discrecionales para salvaguardar el ancla fiscal, entre ellas: (i) fortalecer y ampliar los impuestos especiales, particularmente sobre los combustibles; (ii) acelerar la reducción de los subsidios a la energía y al transporte; y (iii) mayor racionalización las transferencias a las provincias y las empresas estatales”, consignó el documento.
El organismo destacó los avances para conseguir en lo que va del año dos tercios de los 5 puntos del PBI de recorte fiscal que busca el Gobierno de Javier Milei, aunque reiteró la importancia de “mejorar la calidad” de ese ajuste. Es por eso que insistió, entre otros puntos, sobre la importancia de la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, la reforma de Bienes Personales y mayor cobertura del impuesto al tabaco.
En ese plano, el FMI cree que el paquete fiscal le dará al Gobierno un 0,6% del PBI de aporte al ajuste fiscal total. Con eso, “las autoridades estarían en camino de cumplir su plan fiscal para 2024″, anticipó Washington. Un número hasta ahora desconocido es cuánto espera el Gobierno recaudar por la vía del impuesto especial por el blanqueo de capitales. Será, se espera, un 0,3% del PBI, aunque el FMI prefirió no incluirlo en su escenario de base.
Del staff report se deprende que el Palacio de Hacienda ahora tiene previsto una reducción de los subsidios energéticos de al menos 0,7 puntos del PBI en 2024, de los cuales ya se habrían conseguido 0,5 puntos del PBI. El objetivo anual es 0,2 puntos mayor a la hoja de ruta inicial.
El resultado estuvo explicado principalmente por precios internacionales de la energía más bajos, menores necesidades de importación por el funcionamiento del Gasoducto Néstor Kirchner y el diferimiento con un bono de la deuda que mantenía Cammesa con generadoras de electricidad y productoras de gas. A eso se sumaron aumentos en tarifas de electricidad y gas, de 350% y 200% promedio, respectivamente, en el primer cuatrimestre del año.
La consultora Economía y Energía, detalló que el gasto en subvenciones debería caer en 2024 el equivalente a USD 4.683 millones para alcanzar una reducción de 0,7 puntos del PBI y finalizar en USD 5.000 millones, es decir, 0,8 puntos del PBI. Según esos cálculos en 2023 la partida había sumado USD 9.683 millones, equivalentes a 1,5 puntos del PBI.
La Secretaría de Energía aplicó en junio una reducción de los subsidios enfocada en hogares de ingresos medios y bajos, junto a una baja en los topes de consumo con subvención. La intención es que los usuarios residenciales cubran una mayor porción de la energía consumida, que es donde se canaliza la asistencia estatal. “Los próximos ajustes se esperan después de agosto”, dice el documento del Fondo.
En paralelo, Economía espera una reducción de los subsidios al transporte urbano de 0,1 puntos del PBI para 2024 cuando a principios de año proyectaba una caída de 0,2 puntos del PBI. Si bien la Secretaría de Transporte analiza los próximos aumentos, se mantiene suspendida la actualización por inflación que contempla la posibilidad de aumentos de hasta 71,9% según el acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec hasta mayo.
“También se están reduciendo las transferencias a la empresa estatal de agua (AySA), en línea con el aumento proyectado en las tarifas del agua según la nueva fórmula de indexación”, consignó el documento.
Otro de los rubros que puede tocar Caputo ante un eventual mal paso en el Congreso de su capítulo fiscal es el del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). En julio está prevista una actualización del tributo por inflación que implicaría un aumento de la nafta y el gasoil de al menos 18% en el precio final de los surtidores. El ministro analiza el mejor “timing” para aplicar el incremento y no se descarta aplicar un nuevo diferimiento, al igual que en abril y mayo.
La consultora Econviews calculó que sólo en mayo el ICL recaudó $190.000 millones. “El año pasado estuvo en mínimos históricos de 0,3% del PBI. Considerando la merma en la venta de nafta y que ya estamos en junio, creemos que la recaudación puede subir 0,2 puntos este año, aunque en el Gobierno son más optimistas y proyectan hasta el doble”, comentaron.
Apoyado en el superávit fiscal, Caputo recalculó el ritmo de ajuste fiscal para apuntalar el sendero de desaceleración de la inflación, que en mayo tocó su nivel más bajo en caso dos años. El ministro de Economía busca el mejor “timing” para aplicar los aumentos rubros sensibles, pero en caso de que fracase su paquete fiscal en el Congreso deberá avanzar más rápido para asegurarse el déficit cero en 2024.
