Los familiares de los líderes indígenas Santiago Contoricón y Quintu Inuma, asesinados en 2023, informaron que continúan enfrentando amenazas y que el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos no asegura condiciones adecuadas para su seguridad.
En el caso de los deudos de Santiago Contoricón, líder asháninka de Junín, quien fue asesinado presuntamente por individuos vinculados al narcotráfico, su esposa, Bernardita Vega, declaró a Ojo Público que el Ejecutivo había prometido un apoyo económico de 50 mil soles tras la muerte de su esposo, pero nunca lo recibieron.
También, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se había comprometido a otorgar una pensión de orfandad para su hija menor, disposición que fue negada bajo el argumento de que la joven ya era mayor de edad, quien junto a su familia ha recibido constantes amenazas, obligándolos a abandonar su comunidad.
Hijo de Quinto Inuma reitera ineficiencia de mecanismo para defensores
Por su lado, Kevin Inuma, hijo de Quintu Inuma, defensor ambiental de San Martín asesinado por presuntos grupos ilegales dedicados al tráfico de madera, ha criticado la ineficacia del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos para proteger la vida de su padre debido a que este se limitaba a enviar policías a patrullar su vivienda, lo cual no fue suficiente para evitar su muerte.
Asimismo, el hermano de Quintu, Manuel Inuma, actualmente jefe de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu, ha señalado que los comuneros temen por sus vidas por las amenazas recibidas y la falta de captura de todos los responsables del asesinato. Esto pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU han pedido al Gobierno de Dina Boluarte garantizar la seguridad de la comunidad indígena kichwa.
Estas medidas fueron solicitadas tras concederse medidas cautelares a las familias de la comunidad por parte de la CIDH, debido a los altos riesgos a los que están expuestas por el avance de actividades ilegales, como la tala indiscriminada.
Además, la CIDH ha demandando al Estado peruano un informe detallado sobre el plan de acción para investigar y abordar la situación de peligro en Santa Rosillo de Yanayacu, con el fin de garantizar acciones efectivas y transparentes para proteger a los comuneros de la comunidad que siguen en pie de lucha contra la tala ilegal en su territorio.
Herida de las viudas de Saweto se mantiene abierta
En esa línea, una situación similar atraviesan los deudos de los líderes asesinados del caso Saweto, ocurrido en 2014, quienes también afirman han abandonado su territorio. Las familias aseguran que el Gobierno se comprometió a implementar un plan de acción para mejorar su calidad de vida, pero este sigue sin materializarse.
Aunque, en el mes de abril, la jefa de Estado se comprometió a implementar medidas de protección y desarrollo para la comunidad de Alto Tamaya-Saweto en la región Ucayali. El compromiso fue expresado durante una reunión en el Palacio de Gobierno el 15 de abril y hasta contó con la participación de representantes de la Unión Europea y diversas embajadas, como las de Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Canadá, Bélgica y Polonia.
En el encuentro, Boluarte prometió específicamente refuerzos en seguridad, pensiones de viudez y orfandad, y apoyo educativo y laboral para los huérfanos mayores de edad. Además, se comprometió a desarrollar proyectos de infraestructura enfocados en saneamiento, transporte y electrificación, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas por la tala ilegal y la violencia.
Como se recuerda, el asesinato de Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez ocurrió como efecto de su lucha contra la explotación ilegal de tierras ancestrales. Y, pese a que un reciente fallo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali condenó a 28 años y tres meses de cárcel a cuatro individuos implicados en el crimen, la resolución aún debe ser ratificada en segunda instancia.
Mientras tanto, durante su camino de búsqueda de justicia, las familias de las víctimas han tenido que lidiar con desplazamientos forzados y amenazas constantes, sobre todo, Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos; Julia Isabel Pérez, viuda de Edwin Chota; Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima y Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo.
¿Por qué no funciona el mecanismo para asegurar la vida de los líderes indígenas?
Especialistas sugieren que el Mecanismo Intersectorial para la protección de defensores de derechos humanos es insuficiente. César Ipenza, abogado en derecho ambiental, indica que las acciones del Gobierno deben ser más preventivas y efectivas, pese a que el Ministerio de Justicia asegura que coordina con diversas entidades para reducir riesgos.
“Necesitamos mecanismos efectivos y eficientes para proteger la vida de la gente. Se debe ver quién está detrás, pero lamentablemente no hay presencia real de las autoridades en el territorio. La policía debe hacer investigaciones oportunas en el territorio. Recién luego de la muerte, lamentablemente se investiga, y esto permite la impunidad”, explicó Ipenza en una entrevista a Convoca en enero.
El especialista también agregó que este mecanismo de protección debería incluir a todas las ramas del estado y no solo al Poder Ejecutivo, y, de otro lado, enfatizó la necesidad de extender la protección más allá de los procesos administrativos o de aparecer en registros. Esto aseguraría una estructura de seguridad más robusta y completa.
