El que fuera presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón hasta el pasado mes de febrero, Alfonso Peña Ochoa, ha defendido este miércoles en el Congreso la conveniencia de fijar unas pautas concretas para la tramitación de los contratos de emergencia para “mitigar los riesgos” que implica este procedimiento especial, así como que se mejore la “rendición de cuentas” y la “transparencia” sobre los mismos a posterior para “compensar” la “flexiblidad” que permite este método de adjudicación.
Así lo ha dicho durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la compra de material sanitario en pandemia, ante la que ha desgranado los informes de las fiscalizaciones llevadas a cabo por el órgano que presidía.
El compareciente ha detallado que Aragón invirtió 180 millones de euros en la compra de material sanitario entre 2020 y 2021 y que la Cámara de Cuentas comprobó que en esta comunidad, entonces presidida por el socialista Javier Lambán, hizo un “uso moderado” de la contratación de emergencia, “por debajo de la media” del resto de comunidades autónomas.
El fiscalizador concluyó que esta forma de contratación se usó “de manera correcta” con “carácter general”, aunque reconociendo que tiene “riesgos inherentes” porque permite la “adjudicación directa” de los contratos. Eso sí, ha explicado que sólo se detectaron “algunos incumplimientos leves no significativos” o “irregularidades escasas” de las que no se derivaron responsabilidades contables, penales o administrativas.
COMPRA CENTRALIZADA
También ha reseñado algunas de las recomendaciones que la Cámara de Cuentas realizó en su informe, como que se potencie de la compra centralizada entre los distintos departamentos del gobierno autonómico “para mejorar la gestión los recursos presupuestarios y aprovechar las economías de escala”.
Pero sobre todo ha destacado que el proceso de rendición de cuentas de estos contratos de emergencia “dejó bastantes limitaciones” y “no fue completo ni íntegro”. De hecho, ha señalado que el fiscalizado tuvo que recabar datos del portal de contratación, del portal de publicidad institucional del Gobierno de Aragón o incluso de fundaciones privadas que habían analizado estos contratos.
Por eso, se recomendó que se unificara toda la información sobre los mismos “para garantizar que sea completa y homogénea” y que cumpla “los principios de transparencia y rendición de cuentas”. “Este es un procedimiento muy flexible en fase de adjudicación y hay que compensar esa flexibilidad con un completo proceso de rendición de cuentas”, ha dicho.
Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de que se desarrolle el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público estableciendo “pautas” para la tramitación de estos contratos que ayuden “a mitigar riesgos”.
También ha mencionado la conveniencia de introducir algunas “cautelas” como que los contratistas tengan que acreditar “de la manera sumaria que sea preciso” que tiene “solvencia técnica y económica” para que le contrate la administración.
Y ante el problema que, a su juicio, implican los pagos anticipados, ha apostado por solicitar garantías para la ejecución del contrato por ejemplo mediante avales y por fijar límites sobre las cuantías a abonar por adelantado.
NO HUBO CONTRATO CON KOLDO
Paralelamente, para evitar la “concentración de contratos” ha propuesto establecer un tope de contratación de emergencia de manera que un mismo contratista “no puede acumular más de un determinado importe de adjudicación” por este procedimiento excepcional, si bien ha reconocido que esto puede ser “contraproducente” si se trata de un proveedor que ofrece sus productos a precios competitivos.
El diputado del PP Pedro Múñoz ha aprovechado para preguntar al expresidente del tribunal de cuentas aragonés si alguno de los contratos que se realizaron desde la administración fue con la empresa de Soluciones de Gestión, el epicentro de la trama Koldo, algo que Peña ha descartado, pues ni siquiera tuvo constancia alguna de las gestiones del el exasesor socialista Koldo García con el gobierno aragonés.
