La Procuraduría General de la Nación ha puesto en la mira a varios diputados de la Asamblea Departamental de Arauca, luego de recibir denuncias de que, presuntamente, estos legisladores habrían percibido sueldos sin asistir a algunas sesiones entre julio y diciembre de 2023.
La presidenta de la Asamblea, Alexa Milena Quirife, es señalada de haber realizado pagos a los diputados ignorando los descuentos por las sesiones no asistidas. La Procuraduría está investigando la posibilidad de que estos pagos indebidos constituyan un detrimento patrimonial.
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El Ministerio Público ha recibido varias quejas que indican que Quirife no solo habría pagado por sesiones no asistidas, sino que también se investiga si hubo sesiones adicionales pagadas injustificadamente, cada una valorizada en 696.000 pesos. La propia presidenta podría haberse beneficiado de estos pagos, lo que añade un nuevo nivel de complicidad y conflicto de interés.
La Procuraduría Regional de Instrucción Arauca le solicitó a la Asamblea Departamental una serie de documentos que incluyen listados y fechas de las sesiones, actas de asistencia, y registros de los pagos efectuados. Este requerimiento forma parte de la indagación previa que busca aclarar los hechos y determinar el número de diputados implicados.
Mientras tanto, la Asamblea se enfrenta a un escrutinio considerable, y el desenlace de esta investigación podría culminar en la pérdida de investidura para aquellos legisladores hallados culpables.
La investigación se abrió luego de que se presentara la denuncia ante el Tribunal Administrativo de Arauca de pérdida de Investidura en contra de la diputada Alexa Quirife. Esta acusación se basa en hechos ocurridos durante su gestión como presidenta de la corporación en el año 2023.
La denuncia fue interpuesta por Nicole Acevedo Martínez y ha sido asignada a la magistrada Lida Yannette Manrique Alonso, según informó La Voz del Cinaruco. Los denunciantes sostienen que Quirife, en su papel de presidenta de la Asamblea Departamental, incurrió en la indebida destinación de dineros públicos al no descontar las sesiones a las que no asistieron los diputados, al pagar dos sesiones de más y al pagar a la diputada María Isabel Gelvez por una sesión a la que no asistió, pero que apareció en el acta de asistencia como presente.
El documento señala que estos actos representan una violación al ART. 48 de la Ley 617 de 2000, numeral 4, y al ART. 60 de la Ley 2200 del 2022, numeral 4, además del artículo 17 de la ordenanza 032 de 2020 que reglamenta el funcionamiento interno de la Asamblea Departamental. Según lo descrito en el documento: “Es claro que las actuaciones aquí relacionadas de la presidenta de la Asamblea Departamental, Alexa Quirife, no son conductas causadas por error involuntario”.
Una de las principales acusaciones es que Quirife habría sido “consciente de su actuación teniendo en cuenta lo repetitivo que fueron sus actos”, lo que también derivó en beneficios personales como “computadora del gasto y como presidenta de la corporación en seis ocasiones”. El texto argumenta que ella no puede alegar un error involuntario, ya que todas las listas de asistencia y las tablas de pagos llevan su firma, lo que indica una revisión consciente y detallada por parte de la diputada.
Otro punto crítico en la acusación es que ”no existen actas de constancia de reintegro de los dineros pagados indebidamente por la honorable diputada, Alexa Quirife”. Esto implica que, hasta la fecha del escrito, no se ha revertido ningún pago incorrecto.
El procedimiento se llevará a cabo en el Tribunal Administrativo de Arauca bajo la supervisión de la magistrada Lida Yannette Manrique Alonso. El caso ha generado mucha atención debido a la posible pérdida de investidura de Alexa Quirife, un proceso que podría cambiar significativamente la configuración política en el departamento.
