El presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, Ignacio Cabeza del Salvador, ha explicado este miércoles ante la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia en pandemia que en su comunidad se adquirieron 1,7 millones de mascarillas por las que se pagaron 1,8 millones de euros, y que finalmente no se utilizaron y acabaron siendo donadas a una ONG de Venezuela antes de que caducaran.
Cabeza del Salvador ha señalado que el órgano de cuentas que preside no detectó ninguna irregularidad en los contratos que fiscalizó y que tampoco apreció ninguna responsabilidad contable en el caso de esos 1,7 millones de mascarillas que tuvieron que finalmente se optó por donar.
El compareciente ha detallado que ese material se adquirió en virtud de un convenio con la Confederación Empresarial de Navarra y que los equipos de protección se iban a destinar a empresas que al final no las adquirieron.
“Este convenio era loable en su finalidad, pero con deficiencias importantes en su diseño”, ha destacado el presidente del fiscalizador navarro. Según ha señalado, las mascarillas se adquirieron basándose “en estimaciones de las empresas” que después no las compraron, por lo que se generó un “relevante stock” de no se utilizó y que se quedó el proveedor.
Además, ha reconocido, como ya advirtió la Cámara de Comptos en su informe correspondiente, que se produjo una “insuficiente protección de los fondos públicos” que se utilizaron. Eso sí, ha dejado claro que no detectaron “indicios de responsabilidad contables ni ningún otro tipo de responsabilidades”.
En respuesta al diputado de Vox Jorge Campos, Cabeza del Salvador ha concretado que ese stock ascendió a 1,7 millones de mascarillas y que se desconocía quien tenía que “asumir el coste de las mismas porque no estaba contemplado en el convenio”.
LA JUDICIALIZACIÓN NO EVITABA LA CADUCIDAD
El compareciente ha indicado que se intentó buscar una “solución entre las partes para dar salida al producto” y que se pensó que “la judicialización” del asunto no iba a solucionar la situación porque las mascarillas iban a caducar. Al final, ha dicho “se les dio salida” porque la confederación las donó a una ONG de Venezuela.
En octubre de 2022, ha apuntado, esos 1,7 millones de mascarillas ya se habían devaluado notablemente por la caída del precio de este material. Se habían adquirido en el momento de máxima tensión de precios de la pandemia –las quirúrgicas a 0,43 céntimos y las FFP2 a 1,47 euros– y, para entonces su valor de mercado había caído a los 125.000 euros.
“Teniendo en cuenta el contexto que nos estábamos moviendo en esas fechas, que es totalmente diferente a verlo en ese momento, consideramos que se actuó de una manera razonable”, ha asegurado y ha puntualizado además que muchos de los proveedores a los que se recurrió en aquel momento eran proveedores “habituales” del Servicio Navarro de Salud y por tanto contaban con una “cierta garantía”.
38 MILLONES DEL SERVICIO DE SALUD
Por otro lado, el diputado de UPN, Alberto Catalán, ha aprovechado la comparecencia de Ignacio Cabeza para cuestionarle por los contratos adquiridos por el departamento de salud y el departamento de economía del Gobierno Navarro con la empresa Efficold.
Según ha explicado el compareciente, aquellos contratos que se realizaron durante la pandemia tenían que ser posteriormente formalizados examinado que la empresa tuviera plena capacidad de obrar y solvencia económica, financiera y técnica. En el caso de Efficold, todavía quedan pendientes de formalizar cerca de 38 millones de euros de los últimos contratos del año 2022.
Algo que Cabeza ha justificado asegurando que aquellas cosas que “ya no son urgentes”, se van “aplazando poco a poco” y cubriendo las necesidades.
