El acuerdo de gobierno del PNV y PSE-EE impulsará “la aceptación política de un suelo ético para la convivencia”, basado en el reconocimiento de “la injusticia de todas las vulneraciones de derechos humanos que, sin excluir ninguna” e incluyendo “de forma expresa” las causadas por ETA, sea compartido, por primera vez, “por todas las tradiciones políticas de Euskadi”.
Además, “fortalecerá las políticas resocializadoras” del sistema penitenciario para evitar la reincidencia” mediante el “fomento”, en los reclusos, de “la revisión crítica del pasado y el reconocimiento del daño causado”.
En el programa de Gobierno para la próxima legislatura, los socios se comprometen a “desarrollar una política pública de memoria crítica del pasado de terrorismo y violencia, vinculada a un compromiso de solidaridad con todas las víctimas”.
Con este objetivo, enumeran iniciativas como la de “sostener el compromiso con una memoria crítica”, que se concrete en “el rechazo a la legitimación, compensación o minimización de cualquier forma de terrorismo o violencia ocurrida en el pasado” y refleje “la oposición frontal a la reedición en el presente o en el futuro”, orientada a “compartir un proyecto social de convivencia y basada en el reconocimiento de la injusticia que supuso el terrorismo y otras violencias de motivación política”.
Además, impulsarán “la aceptación política de un suelo ético para la convivencia”, basado en el reconocimiento de “la injusticia de todas las vulneraciones de derechos humanos que, sin excluir ninguna e incluyendo de forma expresa las provocadas por ETA, sea compartido, por primera vez, por todas las tradiciones políticas de Euskadi”.
Ambas formaciones pretenden lograr el rechazo a “cualquier actuación que vulnere la sensibilidad de las víctimas y el dolor de sus familias” mediante la adopción de “las medidas que eviten su ofensa, humillación y revictimización, de acuerdo a lo previsto en la Ley 4/2008 de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo”.
Además de prestar “un reconocimiento adicional a los casos de víctimas afectadas por procesos de esclarecimiento incompleto”, desean “profundizar –como aportación a la construcción de una memoria plural–, en el estudio, investigación y divulgación de la contribución de los movimientos vecinales, políticos, sociales, obreros y estudiantiles” tanto a la lucha antifranquista y a “la conformación de la cultura democrática y la conciencia cívica en Euskadi”, como a “la defensa de la paz frente al terrorismo y la violencia”.
El acuerdo programático incluye la promoción de una cultura social y política de respeto a los derechos humanos que prevenga “la radicalización y los discursos del odio, incluyendo medidas de carácter educativo, social y cultural” para “erradicar del espacio público cualquier expresión vejatoria hacia las víctimas o justificadora de la violencia, así como cultivar un civismo democrático y tolerante”.
La intención de PNV y PSE es “aprobar un Plan de Legislatura en materia de convivencia”, continuar aplicando y desarrollando la ley vasca de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo y la Ley vasca de reconocimiento y reparación de víctimas de derechos humanos de motivación política y promover el acuerdo necesario para su actualización”.
JUSTICIA E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Respecto a la Justicia e Instituciones penitenciarias, el objetivo es “promover y desarrollar los cambios estructurales que promuevan garantizar su accesibilidad, eficiencia” de forma que “contribuya al esfuerzo común de cohesión y sostenibilidad”, y constituirse en “un servicio enmarcado en una política integral de reparación del daño causado”.
Además, defiende que el sistema penitenciario “desempeña un papel crucial en la administración de justicia y en la gestión de la seguridad pública” y su función “no debe limitarse a castigar a los infractores, sino que precisa contemplar también la rehabilitación y la reintegración social de las personas que han cometido delitos” con “una reintegración que beneficia tanto a las personas como a la sociedad en su conjunto”.
En este capítulo, jeltzales y socialistas se comprometen a “impulsar la digitalización de la justicia, evitando la brecha digital”, a promover un Plan de Sedes Judiciales Sostenibles, con las medidas para la adquisición de nuevos espacios, así como a la integración de los municipios vascos, desde el punto de vista judicial, “en agrupaciones que permitan pasar a un modelo de administración de justicia orientado a las personas”.
Impulsar un Plan de actuación en relación con las víctimas de violencia contra las mujeres “para la detección temprana del riesgo”, el impulso de una nueva Ley de Consolidación e Integración del Derecho Civil Vasco, reforzar las compensaciones por la asistencia jurídica gratuita y la asistencia legal penitenciaria, o promover una justicia accesible a los niños, niñas y adolescentes, son otros de los puntos incluidos.
AVANZAR EN LA EUSKALDUNIZACIÓN DE LA JUSTICIA
El acuerdo se propone “avanzar en la euskaldunización de la justicia” de acuerdo al Plan de Normalización Lingüística de la Administración de Justicia 2023-2032, “estimulando el uso de servicios en euskera por parte de la ciudadanía y profesionales”.
También pretende “agilizar el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita” y, con este objetivo, se impulsarán las reformas precisas en la regulación de la justicia gratuita y el derecho de defensa, se reforzará el servicio de asistencia a la víctima” y se promoverá “la mediación y un enfoque de justicia restaurativa.
Además, se impulsarán unas instituciones penitenciarias actualizadas “que fomenten la reinserción” y, por ello, se prevén nuevas infraestructuras “para ajustar la oferta de plazas de los centros penitenciarios vascos a la demanda de la población penitenciaria oriunda o con vinculación social en Euskadi”.
Estas contarán, de forma prioritaria, con nuevas unidades para el régimen abierto “desde una perspectiva de administración penitenciaria integral”.
Las infraestructuras existentes se adecuarán al “perfil heterogéneo” de la población penitenciaria, “incidiendo en las necesidades específicas de los colectivos más vulnerables”, se promoverán plantillas dimensionadas a las necesidades reales y se desarrollarán “actuaciones que garanticen la incorporación efectiva de la perspectiva de género a la gestión penitenciaria”.
El futuro gobierno pretende “fortalecer las políticas resocializadoras” del sistema penitenciario “para evitar la reincidencia” fomentando en los internos “la revisión crítica del pasado y el reconocimiento del daño causado”, y reforzando “la intervención y el catálogo de la actividad tratamental, laboral y formativa en el medio abierto”.
Se desarrollarán, a través de la agencia vasca Aukerak, la medidas para “facilitar segundas oportunidades a las personas privadas de libertad por medio de la formación y la inserción laboral”.
IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS LGTBIQ+
Para erradicar la violencia machista y construir una sociedad “igualitaria libre de violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones”, se proponen reforzar y mejorar las herramientas para la detección de situaciones de violencia machista o mejorar los servicios de atención mediante una coordinación “eficaz” entre Administraciones.
También prevé un plan de choque contra la brecha salarial y por la igualdad en empresas y organizaciones, medidas para erradicar la violencia machista en el ámbito infantil y juvenil, incorporar la realidad de las personas LGTBIQ+ en la agenda de las políticas públicas de igualdad, propiciar el cambio de valores y el empoderamiento de mujeres y niñas y gestionar de una manera más efectiva la diversidad.
