Por presuntamente camuflar cargamentos de clorhidrato de cocaína en contenedores que salían con destino a México y otros destinos internacionales, un juez de la República ordenó la detención y traslado a un establecimiento carcelario a tres extrabajadores de una empresa de seguridad que presta sus servicios en la Sociedad Portuaria de Buenaventura.
Según las autoridades, los hombres identificados como Deiby Javier Lerma Alomia, Hernán Alonso Osorio Ángulo y Arbey Murillo Gamboa, habrían permitido que dos buzos se lanzaran a las aguas con tres tulas cargadas de estupefacientes y las ocultaran en la parte delantera de un buque que salía hacia el puerto Lázaro-Cárdenas, en México.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
“Esta actividad ilegal, al parecer, la realizaron con la complacencia de los tres guardas, quienes estaban de turno y se ausentaron de sus puestos laborales. Así quedó en evidencia en los videos de las cámaras de seguridad del puerto”, explicó la Fiscalía durante la audiencia judicial.
Gracias a la ayuda de las cámaras de seguridad del puerto, las autoridades realizaron una inspección a la embarcación, donde encontraron alterados los sellos de seguridad de un contendor que llevaba pulpa de fruta. En el proceso de verificación del contenido, los uniformados hallaron tres sacos con 140 kilogramos de clorhidrato de cocaína.
Durante la audiencia, la Fiscalía les imputó a los tres extrabajadores el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente agravado.
En lo corrido de este año, las autoridades han desarrollado múltiples inspecciones al puerto marítimo del pacífico para contrarrestar las acciones criminales de los grupos criminales.
El más reciente ocurrió a inicios de mayo, donde la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos capturaron a otros tres trabajadores de la misma empresa portuaria, quienes eran acusados por ocultar cocaína en contenedores con destino a varios países, incluyendo Panamá, México, Estados Unidos, Portugal, España e Israel.
Los tres sujetos, identificados como Deymar Andrés Torres Gallón, John Jaime Riascos Angulo y Cristian Alberto Alomía Sinisterra, laboraban en el sitio como inspectores civiles y cargueros. La investigación detalla que estos hombres, al parecer, facilitaron la entrada de los alijos a la terminal marítima y ayudaron a esconderlos entre productos nacionales destinados a la exportación.
Un puerto sin vigilancia
Con el pasar de los años, el puerto de Buenaventura continúa siendo, para las autoridades, como el punto neurálgico para la entrada y salida de sustancias ilegales, a través de distintas modalidades como el tuleo, buceo u ocultamiento en contenedores.
Adicionalmente, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura ha manifestado en comunicados de prensa que los hombres capturados por las autoridades, “no laboran con nuestra entidad y contamos con los más altos estándares de seguridad, que permiten garantizar la seguridad de la carga y hacer más efectivo el trabajo mancomunado con las autoridades”.
A esto se le suma la disputa que existe entre el Estado colombiano y la empresa internacional Ventura Group, para la operación del muelle 13 del puerto marítimo del pacífico, en la que esta organización exige una indemnización superior a los 120 mil millones de pesos, por lo que las autoridades han informado sobre la facilidad que tienen los grupos delincuenciales para transportar sus cargamentos.
Frente a este aspecto, la disputa comenzó en diciembre del 2023, cuando el ministro de Transporte, William Camargo, notificó la extensión del contrato a la empresa mencionada para la operación del muelle hasta el ; no obstante, el jefe de la cartera ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura que se revocara esta decisión, por una posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio vallecaucano.
Sin embargo, la Procuraduría pidió claridad al ministerio, pues alertaba sobre las posibles consecuencias que enfrentaría la Nación al no darse la celebración del contrato con la compañía extranjera, pero hasta el momento no se ha conocido la postura del Gobierno ante este asunto.
