Lo que parecía ser un complejo, pero rutinario trámite de divorcio para una de las familias más prestantes del país, terminó siendo todo un caso en el que hasta la Fiscalía ya tiene a personas imputadas por el delito de prevaricato por omisión y falsedad en documento público.
Carlos Federico Ruiz, prominente empresario colombiano y dueño de la cadena de almacenes Panamericana, se divorció en 2018 de su esposa Aura Lilia García después de 47 años de matrimonio. Aunque ya se habían separado en 1997 por infidelidades y la existencia de hijos extramatrimoniales, la liquidación del vasto patrimonio valuado en un billón de pesos ha desencadenado una compleja batalla judicial.
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Aunque el proceso se llevaba con total discreción en un juzgado, la separación de bienes cobró relevancia pública cuando la revista Cambio reveló en 2023 una serie de maniobras legales que se habrían ejecutado para dilatar el proceso y dejar a García sin parte de lo que le corresponde de la sociedad conyugal.
De hecho, ya la Fiscalía ha abierto cinco procesos para investigar las posibles irregularidades perpetradas con la supuesta colaboración de Herly Matilde Huertas, secretaria judicial del juzgado quinto de familia, que terminaron por favorecer a Ruiz.
Todo viene de años atrás, cuando en junio de 2018 el juzgado embargó los bienes de la familia para proteger el patrimonio mientras se resolvía el divorcio. Posteriormente, en noviembre de 2018, se disolvió la sociedad conyugal y se ordenó expedir los documentos necesarios para oficializar el divorcio, inscribirlo en los registros civiles y luego proceder con la demanda de liquidación.
Sin embargo, el proceso se vio entorpecido por la secretaria Huertas, quien demoró un año la entrega de estos documentos, afectando a la exesposa de Ruiz, tal y como lo reveló la revista Cambio. La señora Aura Lilia García, que a sus 76 años sufrió un daño cognitivo irreparable, ha sido una de las más perjudicadas.
“La secretaria Matilde debía emitir los oficios correspondientes y expedir copias auténticas de la providencia, pero a pesar de reiterados requerimientos, solo fueron entregados un año después de ordenarse su expedición” afirmó la fiscal del caso, según reveló el medio nacional.
Incluso, el 22 de julio de 2019 el juez ordenó el levantamiento del embargo que había sido decretado el año anterior. Rápidamente, la secretaria emitió los oficios correspondientes, lo cual permitió a los abogados de Carlos Ruiz retirar los bienes embargados.
La exesposa pudo finalmente presentar la demanda de liquidación en noviembre de 2019, momento en el cual el juez decretó nuevamente embargos a 36 inmuebles y las acciones de Panamericana. Sin embargo, pese a estas medidas, Huertas omitió entregar un oficio de embargo crucial que correspondía a las acciones de Panamericana Librería y Papelería S.A. y Panamericana Formas e Impresos S.A.
Esta omisión permitió a Ruiz recibir dividendos valorados en 12.000 millones de pesos. “Por cuenta de esa omisión, no se inscribió el embargo en el libro de accionistas de las empresas y le entregaron los dividendos a Carlos Ruiz”, agregó la fiscal.
Por las supuestas acciones ilegales de la funcionaria, la Fiscalía ha imputado cargos a Huertas por prevaricato por omisión y falsedad en documento público. “La falsedad es porque consignó en el oficio al representante legal de Panamericana Librería y Papelería S.A. que el embargo se había solicitado en un oficio del 14 de enero del 2020”, explicó la fiscal.
Durante las investigaciones, se descubrió que el citado documento solo fue agregado al expediente digital en noviembre de 2023, tres años después de la fecha indicada. Ahora, Huertas podría enfrentar hasta 19 años de cárcel si es encontrada culpable, mientras que su defensa alega que cualquier demora fue sin intención dolosa y que pretende demostrar su inocencia en juicio.
El caso ha atraído atención no solo por los montos involucrados, sino también por evidenciar posibles redes de corrupción judicial en Colombia. De hecho, la Fiscalía también investiga las acciones de Carlos Ruiz y sus abogados, quienes, a sabiendas de las órdenes judiciales de embargo, retiraron los millonarios fondos en marzo de 2021.
