La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) han presentado este martes una demanda ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por su responsabilidad en la muerte de 49 personas durante las protestas ocurridas en el país en 2022 y 2023.
“(Las dos organizaciones) han tenido hoy una reunión con la Fiscalía del TPI durante la cual han presentado una comunicación bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma, en la que se detalla la evidencia de la comisión de los crímenes de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato en Perú entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023”, reza un comunicado de la FIDH.
En el documento han presentado detalles sobre “el ataque sistemático” contra los manifestantes, que recibieron una violencia “desproporcionada e indiscriminada por parte de militares y policías”, lo que constituye “crímenes de lesa humanidad”.
“Se ha hecho un perfilamiento muy detallado, caso a caso, de las 49 víctimas. Se examinaron las causas de muerte de cada una de las personas y los patrones de las lesiones: impactos de balas (en torsos y rostros). La mayoría fueron asesinados mientras ejercían su legítimo derecho a la protesta. También se especifican los ejercicios de justiciabilidad, que, hasta la fecha, se han llevado a cabo a través de la Fiscalía para esclarecer las bases de los delitos cometidos por la policía y miembros del ejército”, ha manifestado la directora de APRODEH, Gloria Cano.
Por su parte, la directora para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes, ha denunciado “el evidente racismo de los asesinatos que se dieron en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca” por afectar de forma mayoritaria a ciudadanos de pueblos indígenas como los quechuas o los aymaras.
Además, ha criticado al Gobierno peruano por “acusar sin pruebas” a los manifestantes de pertenecer a grupos terroristas, y es que las autoridades tenían como objetivo “acabar con las manifestaciones a cualquier costo”.
“Luego de las muertes y los heridos, altas autoridades del Gobierno, incluyendo la presidenta Dina Boluarte, negaron públicamente sus responsabilidades, culpando a los mismos manifestantes de la violencia ocurrida en contra de ellos, tildándolos de terroristas”, reza la misiva.
Las dos organizaciones también han cargado contra lo que consideran “el hundimiento de la democracia” en el país desde 2021, año en el que comenzó el “quiebre institucional y la destrucción del Estado de derecho”.
Una de las principales quejas de estos grupos es la liberación del expresidente Alberto Fujimori, que estaba condenado por crímenes de lesa humanidad, después de que el Congreso aprobase la prescripción de cualquier delito de este tipo o crimen contra la humanidad perpetrado antes de 2002.
“Diversas bancadas conservadoras y de tendencia autocrática del Congreso han intentado usurpar e instrumentalizar, con el beneplácito de la Presidencia, los distintos organismos públicos, incluido el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia”, han añadido.
En ese sentido, han defendido que estas medidas han vuelto muy impopular al actual Gobierno que, según una encuesta de Datum Internacional, su aprobación se encuentra en torno al 5 por ciento, lo que supone un récord histórico, y que el 91 por ciento de la población rechaza las acciones del Congreso.
Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, 49 personas murieron y cientos resultaron heridas como consecuencia de la represión de unas protestas que surgieron tras la detención y cese del expresidente Pedro Castillo.
