El proyecto de ley que actualiza las indemnizaciones por despidos en la provincia de Buenos Aires y modifica el artículo 48 de la ley de procedimiento laboral bonaerense, -sustituyendo en los juicios laborales la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y agregando además una tasa del 6%- por ahora no avanza en el Senado bonaerense con su tratamiento, luego de la sanción en la Cámara de Diputados provincial.
Este miércoles hubo reunión de la comisión de Trabajo y Legislación Social en la Cámara alta. Allí está el expediente impulsado por las diputadas de Unión por la Patria, Maite Alvado y Soledad Alonso, que ya fue aprobado en Diputados. La iniciativa despertó el rechazo de Pymes y cámaras empresariales, ante los montos a los que pueden escalar las indemnizaciones en sentencia judicial por despidos con el cambio propuesto. Aducen también que, de prosperar, genera una gran dificultad de las condiciones para la generación de nuevo empleo.
Durante su debate en Diputados, Alvado planteó -entre otros puntos- que “nosotros defendemos al empresariado nacional y a las Pymes, así como también a los trabajadores. El RIGI es lo que destruye completamente a la industria nacional”. Además, entre los fundamentos del peronismo para defender la iniciativa, se hace hincapié que actualmente, en el ámbito de la Provincia ese porcentaje de adicional según el cálculo de intereses “al promedio de la Tasa Activa” que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento, se ubica por debajo respecto de lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Hay una sustanciosa diferencia entre lo que ocurre en la Provincia con lo que sucede en la Ciudad. Agregan también que como los juicios suelen tardar años, al momento de la sentencia, el monto queda desfasado y el trabajador termina percibiendo un resarcimiento menor de lo que les corresponde, debido a la inflación. Por eso se necesita una actualización.
En el encuentro de este miércoles en la comisión de Trabajo el tema no se trató. En el orden del día figuraban cuatro proyectos de ley y un proyecto de declaración. Se hizo hincapié en la situación que atraviesan los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que -como distintas dependencias nacionales- son parte del recorte dispuesto por el gobierno nacional. Un ajuste que para el caso del INTI atraviesa la posible no renovación de 280 contratos que vencen en junio, según explicó ante senadores provinciales Jorge Schneebeli; quien fuera vicepresidente del INTI durante 30 años.
Tras su aprobación en Diputados, el proyecto tomó estado parlamentario en el Senado y se le asignaron tres comisiones antes de su llegada al recinto para la votación final. Actualmente está en Trabajo y debiera pasar también por las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos. En las tres comisiones, Unión por la Patria tiene mayoría; con lo cual podría emitir dictamen favorable en mayoría si así lo quisiera.
Sin embargo, hasta el momento, la oposición se mantiene unificada en un no acompañamiento a la norma; lo que no quiere decir un rechazo total. Pero las negociaciones todavía no están demasiadas avanzadas y el proyecto está paralizado.
Desde un sector de la oposición también plantean que el oficialismo no tiene una posición uniforme sobre el proyecto. “Tienen mayoría en todas las comisiones, si quisieran ya hubieran sacado dictamen favorable para llevar el texto al recinto, pero hasta ahora eso no pasó”.
Hoy, el terreno es incierto sobre lo que puede llegar al recinto. Unión por la Patria cuenta con 21 bancas, mientras que la oposición repartida en seis bloques diferentes (PRO, UCR-Cambio Federal, Libertad Avanza, Libertad Avanza I, PRO Libertad y Buenos Aires Libre) cuenta con 25 escaños. De intentar avanzar con la normativa, el oficialismo debería llegar a un tipo de acuerdo con algún sector de la oposición. En un campo hipotético, puede no implicar un acompañamiento explícito, sino que algún legislador se abstenga de votar -como ocurrió en en Diputados- o que se ausente el día de la sesión y así se baje el número necesario para conseguir la mayoría simple: es decir el voto de la mitad más uno de los presentes.
Semanas atrás, los distintos bloques opositores del Senado mantuvieron un encuentro con representantes de cámaras empresariales,industriales, Pymes, entidades rurales entre otros sectores productivos. Éstos les pidieron a los legisladores que bloqueen la iniciativa y manifestaron su preocupación por lo sancionado en Diputados, pues dieron a entender que no fueron consultados por la decisión.
Sin embargo, el proyecto de Alvado no es nuevo. De hecho su presentación fue en 2023. En ese momento, tuvo el respaldo del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. “El ministerio de Trabajo, como institución, se involucra con este proyecto porque entendemos que es positivo para las y los trabajadores”; dijo el funcionario de la gestión de Axel Kicillof en lo que se leyó como un eventual acompañamiento del Poder Ejecutivo.
“La actualización de juicios laborales que se plantea en el proyecto es exorbitante y ya está generando distorsiones en los juicios que se están tramitando actualmente. La modificación de este artículo significa el certificado de defunción de las pymes bonaerenses¨, indicó el titular de Federación Económica de la provincia de Buenos Aires, Camilo A. Kahale. La entidad junto a la Cámara Argentina de Mediana Empresa es una de las más activas en frenar la iniciativa.
