La Audiencia Provincial de Lugo ha acogido este jueves el juicio contra dos mujeres acusadas de encerrar contra su voluntad a una octogenaria sin familia durante un año en un piso de Vilalba (Lugo) y de sustraerle más de 30.000 euros de la cuenta bancaria. La Fiscalía se ha reiterado en su petición de penas de nueve y seis años de prisión para las imputadas, que han negado los hechos ante la jueza.
Las procesadas, dos mujeres de mediana edad que han declarado a petición de sus respectivas defensas en último lugar, han defendido en la sala su inocencia de los delitos que se les imputan: contra la integridad moral, detención ilegal y estafa agravada, en el caso de la principal encausada –quien asumió directamente los cuidados de la anciana– y por su complicidad en los dos primeros delitos, en el caso de la segunda, quien se encargaba de llevar a la denunciante las bolsas de la compra.
De acuerdo a lo recogido en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, la principal acusada se hizo cargo de los cuidados de la víctima, una mujer de 85 años con “deterioro cognitivo” y en situación de vulnerabilidad y desamparo tras el fallecimiento de su esposo, renunciando a los servicios de asistencia domiciliaria que esta recibía y mudando su residencia a una vivienda de alquiler en el municipio de Vilalba.
Fue en dicha localidad y en dos inmuebles distintos donde, según el relato de la Fiscalía, la mujer permaneció retenida contra su voluntad, encerrada con llave y en malas condiciones tanto de alimentación como de higiene entre marzo de 2022 y abril de 2023, momento en que la octogenaria logró conectar el botón del servicio de teleasistencia de la Cruz Roja del que era usuaria desde 2020 –y que había permanecido desactivado durante largos períodos de tiempo– para pedir ayuda.
“ME HICE CARGO DE ELLA POR PENA”
Después de cuatro horas de vista en la Audiencia Provincial y tras la declaración previa de casi una veintena de testigos, la principal acusada, para quien la Fiscalía solicita una pena acumulada de ocho años y tres meses de cárcel, ha asegurado ante el tribunal que se hizo cargo de los cuidados de la anciana “por amistad” y “por pena”, que nunca la dejó desatendida y que si le quitó las llaves del piso fue “porque se escapaba y tenía miedo a que le pasase algo”.
“Cuando murió su marido, ella se encariñó mucho conmigo. Decía que conmigo no se sentía abandonada, así que me pidió ayuda y me dijo que le buscara un piso”, ha comenzado diciendo la procesada, para acto seguido asegurar que durante el tiempo que la mujer estuvo viviendo en Vilalba “nunca le faltó de nada”. “Yo iba todos los días a verla y ella siempre tenía comida. Se escapó tres veces y a la cuarta vez le quité las llaves, pero ella seguía saliendo con nosotras”, ha declarado.
La imputada, que ha subrayado que jamás recibió dinero por los cuidados de la octogenaria y que lo hacía de manera altruista porque “ella era también muy detallista y generosa”, ha negado haber realizado movimientos bancarios para beneficiarse del patrimonio económico de la señora pese a la existencia de más de 52 operaciones acometidas por un montante acumulado, según la Fiscalía, de “más de 31.000 euros”.
La segunda de las acusadas –empleada doméstica de la supuesta autora y cómplice de esta, según el Ministerio Público, en la presunta detención ilegal– ha sido la última persona en declarar y ha explicado que su trabajo se limitaba a “ir dos veces por semana al piso a llevarle la compra a la señora”.
“Yo empecé a ir al piso en mis horas de trabajo y cuando ya se había escapado varias veces. Ella sabía que se quedaba cerrada con llave y le parecía bien. Tenía miedo de salir a la calle”, ha manifestado, antes de reiterar su inocencia.
“ESTABA CONTENTA CON LA AYUDA A DOMICILIO”
En el juicio celebrado este jueves en la Audiencia Provincial de Lugo, que ha quedado visto para sentencia, han prestado declaración un total de 18 testigos: cinco agentes de la Guardia Civil, técnicos y coordinadores de la Cruz Roja que atendieron la emergencia, trabajadoras sociales de los ayuntamientos de Cospeito y Vilalba, empleadas de hogar, los propietarios de los dos inmuebles alquilados en los que tuvo lugar la presunta detención ilegal y el médico del PAC que examinó a la octogenaria tras su liberación.
La mayor parte de los profesionales que participaron en el operativo puesto en marcha tras dar la voz de alarma la mujer han coincidido en señalar que las condiciones en que esta se encontraba y en las que se hallaba la vivienda no eran “pésimas”.
“Presentaba un aspecto descuidado tanto de aseo como de vestimenta. No presentaba lesiones físicas, pero el pronóstico era grave porque consideramos que podía tratarse de una situación de emergencia social”, ha manifestado al respecto el sanitario del PAC de Vilalba que inspeccionó a la octogenaria tras ser liberada.
“Tenía un aspecto muy desaliñado y mucha dificultad para caminar. Había muchos platos sucios, muchas bolsas de basura y mucha suciedad en la estancia en la que ella se encontraba”, ha declarado, por su parte –y por videoconferencia–, el técnico de la Cruz Roja que visitó el domicilio tras recibir el aviso de emergencia del sistema de teleasistencia. “En el momento en que los efectivos se desplazaron al domicilio, la puerta estaba cerrada con llave”, han indicado los agentes de la Guardia Civil que supervisaron el operativo.
Tanto la trabajadora social del Ayuntamiento de Cospeito –municipio en el que residía la anciana antes de su traslado a Vilalba– como la empleada de hogar que se ocupaba de sus cuidados han coincidido en señalar que la mujer se encontraba “muy contenta con su servicio de ayuda a domicilio” y que no tenían conocimiento de la existencia de la principal acusada antes de que esta se hiciera cargo de los cuidados de la mujer: “Ella no tenía ni familia ni amigos”.
Además de las penas antes señaladas –de nueve y seis años de cárcel– en las que la Fiscalía se ha ratificado en la fase de conclusiones, el Ministerio Fiscal ha solicitado también para la principal acusada el pago de una multa de más 31.000 euros por el dinero presuntamente sustraído de la cuenta de la octogenaria, así como de una indemnización 10.000 euros a abonar de manera solidaria por parte de ambas en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados.
