El juez Hugo Carbonó, encargado del caso de Nicolás Petro, ha denunciado amenazas y seguimientos constantes. A pesar de estar catalogado con un nivel de “riesgo extraordinario”, el Gobierno aún no le ha otorgado protección, según documentos revelados por la revista Semana.
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Carbonó informó que ha sido observado por vehículos estacionados cerca de su hogar y lugar de trabajo. “He encendido las alarmas, pero continúo caminando a pie y sin ninguna protección,” relató el juez. Los procesos judiciales en curso que maneja Carbonó incluyen acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.
El juez ha tocado varias puertas en busca de seguridad. Ha visitado la Policía, el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría, y la Corte Suprema de Justicia. Incluso llevó su caso a la Unidad Nacional de Protección (UNP), donde solicitó y entregó detalles sobre su situación. A pesar de esto, aún no ha recibido ninguna medida efectiva para garantizar su seguridad.
El 29 de abril, durante una audiencia del caso de Nicolás Petro, se vieron varias camionetas del esquema de seguridad de la Presidencia esperándolo. Al llegar, Petro, acompañado por su pareja Laura Ojeda, descendió de un vehículo blindado rodeado de escoltas, lo que complicaba el acceso a él. En contraste, el juez Carbonó llegó solo, en un modesto automóvil particular. Sacó su maleta, donde llevaba su toga, computadora y documentos, y se sentó en la mesa principal de la sala de audiencias.
Semana dice que existen documentos firmados por el director de la UNP, Augusto Rodríguez, donde se reconoce el nivel de riesgo extraordinario al que está expuesto el juez. Según la Resolución Dgrp 002188 de 2024, “se comunicó al señor (a) Hugo Junior Carbonó Ariza la validación del nivel de riesgo como extraordinario, emitida por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM de Servidores y Exservidores Públicos”.
La situación se agrava ante el historial de Carbonó. En el pasado, durante épocas de violencia en el país, fue uno de los llamados “jueces sin rostro”. Además, manejó el caso del magnicidio de Luis Carlos Galán, otro expediente emblemático en la historia judicial de Colombia.
(Mauricio Dueñas Castañeda/)
Un documento de la UNP se revela que el juez también ha sido seguido en lugares públicos y ha manifestado haber visto a personas observándole y, en algunos casos, tomando fotos. Esta situación le ha obligado a retirarse de lugares como restaurantes para proteger su seguridad y la de su familia. El juez Carbonó declaró que uno de los sujetos se sentó tan cerca de él en una ocasión que cree que intentaba grabarle.
Adicionalmente, la Policía Nacional informó que tiene registros de denuncias de amenazas hechas por Carbonó en enero de 2024. Debido a estas circunstancias, la UNP concluyó que Carbonó se enfrenta a un “nivel de riesgo excepcional” derivado de su función como Juez Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.
En un esfuerzo para visibilizar su situación, el juez ha documentado su viacrucis ante varias instancias, buscando infructuosamente la protección que necesita. Según los informes, estos episodios de seguimiento y vigilancia comenzaron a intensificarse a partir de septiembre de 2023, coincidiendo con la asignación del caso Petro Burgos.
Los casos del juez
Según documentó a la Unidad Nacional de Protección (UNP), Carbonó envió a prisión a la pareja del peligroso criminal Ober Ricardo Martínez, conocido como el Negro Ober, cabecilla del grupo armado ilegal autodenominado Los Rastrojos Costeños. Esta decisión provocó una fuerte reacción de Martínez, que grabó un video amenazante contra el juez, fiscales, guardias del Inpec y prometió una arremetida criminal en Barranquilla.
El documento de la UNP revela que, en 2023, Carbonó fue asignado a procesos de alto impacto, como el caso contra la esposa del Negro Ober. En este proceso, el juez ordenó su traslado a una cárcel de máxima seguridad para evitar que siguiera extorsionando y ordenando actividades de sicariato. Además, se negó a concederle la libertad, lo que generó inconformismo por parte del cabecilla. Ante esta situación, las amenazas se intensificaron: “En el caso de la esposa del Negro Ober, profirió condena y negó su libertad, situación que generó inconformismos por parte de este cabecilla”, expresa el documento de la UNP.
Según El Espectador, la UNP ha comunicado al Consejo Superior de la Judicatura la necesidad de medidas adicionales para proteger al juez, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna acción concreta. La única seguridad que tiene Carbonó es un escolta que no lo acompaña de forma permanente y un chaleco antibalas que podría ser insuficiente en caso de un ataque.
En medio de estos desafíos, Carbonó ha solicitado una reunión con la Fiscal General Luz Adriana Camargo para presentar nuevas evidencias y detalles de los seguimientos y amenazas que ha recibido. La fecha de esta reunión aún no ha sido confirmada. Según el documento oficial, “la última carta que se jugó el juez Carbonó para que le protejan la vida en medio del ‘riesgo extraordinario’ que determinó la UNP, es una reunión que ya pidió con la fiscal general, Luz Adriana Camargo”.
