El presidente del Congreso, Alejandro Soto, denunció penalmente al periodista José Miguel Hidalgo por presuntamente haber cometido el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de marcaje o reglaje. Esto en el marco de la publicación de un reportaje ‘Alejandro Soto: Relaciones negadas’, en el programa Cuarto Poder, donde se graba las actividades del titular del Congreso por un lapso tres días.
El objetivo del reportaje era obtener una comprobación de un hecho por el que el propio Alejandro Soto fue señalado en su momento: la contratación de su cuñada, Yeshira Peralta Salas, como coordinadora de su despacho. En su defensa, Soto había mencionado que ya no mantenía una relación con la madre de su hijo. Sin embargo, el reportaje publicado con la investigación de Hidalgo desmentía este argumento.
Alejandro Soto habría recurrido a procurador del Congreso para denunciar
Como lo reveló Infobae Perú, Hidalgo recibió una denuncia penal en contra suya realizada por el procurador del Congreso, que argumentó que el seguimiento realizado al congresista para obtener imágenes para el informe “genera potencial menoscabo a la seguridad e integridad de Alejandro Soto Reyes – en su condición de Presidente del Congreso de la República del Perú – y la de su familia, ello en tanto la información e imágenes propagadas en el medio de televisión, a través del reportaje publicado, facilitarían la comisión de otros delitos, como robo, extorsiones, secuestro e incluso homicidio”.
En su momento, y por medio de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el titular del Congreso calificó de “bajeza” el “tener que recurrir a temas exclusivamente personales cuando no se tiene otro argumento para desprestigiarme”. “La nota emitida de forma irresponsable por Cuarto Poder expone a mi entorno familiar, sin cuestionar ningún hecho político o vinculado con mi gestión”, escribió.
Alejandro Soto habría incurrido en un delito
En una entrevista realizada en Cuarto Poder, Hidalgo sostuvo que el congresista Soto había realizado una segunda denuncia, por exactamente el mismo delito, pero esta vez a título personal y mediación del procurador del Congreso. Sin embargo, destacó un detalle relevante: ambos documentos tenían párrafos que se parecían entre sí.
“La segunda es una querella por parte del señor Alejandro Soto sobre el mismo tema, compartiendo párrafos similares a lo que coloca el procurador del Parlamento, lo cual llama mucho la atención. ¿En realidad quién está haciendo este trabajo? Si es el mismo procurador (…) hay párrafos que se repiten”
Durante el programa, se estableció que el parlamentario habría incurrido en la presunta comisión del delito de peculado de uso, pues Soto habría utilizado a un servidor público para sentar una denuncia sobre un tema personal, a lo que Hidalgo consideró ‘irónico’.
“Es una persona que está trabajando como representante de una institución (…) los procuradores defienden los intereses del Estado y cuál es lo irónico: qué el congresista nos está acusando por temas que son hacia la intimidad”, dijo durante el programa periodístico.
Hidalgo responde: No hubo reglaje al congresista Alejandro Soto
A modo de respuesta, el periodista indicó que no incurrió en un delito, pues “el interés público está puesto en el reportaje porque queremos evidenciar si lo que nos dijo el presidente del Congreso fue verdad o no. Eso es lo que hemos hecho solo con herramientas que nos permiten trabajar a los periodistas”
Hidalgo también sostuvo que para producir el reportaje que generó la reacción del congresista Soto, se utilizaron recursos como “el acceso a la información, solicitando imágenes a través de la Municipalidad de Surco, lo que hicimos de forma transparente. Hicimos nuestra solicitud, nos entregaron dentro de los tiempos, verificamos las imágenes que nos dieron y lo que se captó fue en la vía pública”.
El periodista de Cuarto Poder también sostuvo que tanto la denuncia presentada por el procurador como la querella del congresista soto coinciden en dos aspectos particulares: “Primero cuatro años de pena privativa para el autor del reportaje, además de una indemnización de 70 mil soles por haber transgredido supuestamente su derecho a la intimidad”.
Pero este presunto delito de violación a la intimidad, en el extremo de su relación con la madre de su hijo, es público, pues los funcionarios están obligados a presentar una declaración de intereses. En el caso de Soto, este vínculo sentimental con la madre de su hijo no está incluido. “Todo esto agrupa motivos suficientes para investigarlo periodísticamente”, indicó.
