La mesa chica de la CGT volverá a reunirse la semana que viene para empezar a definir sobre un tema que genera debates internos: cómo seguirá la relación con el Gobierno. Antes de ese encuentro, el sector dialoguista formalizará una tregua en su pelea con Pablo Moyano luego de las profundas diferencias que mostraron ante la Ley Bases y la convocatoria a la movilización ante el Congreso que terminó con graves incidentes.
Algunos de los puntos en discusión serán precisamente la estrategia judicial contra Ganancias, la caída del empleo, la recomposición salarial y algunos puntos de la modernización laboral que, a juicio de la CGT, “atentan contra los derechos laborales”, como el que crea la figura del trabajador independiente y el que penaliza los bloqueos sindicales.
Hasta ahora, la idea es que las denuncias judiciales no sean impulsadas desde la CGT sino desde los sindicatos. Si se confirma esa decisión, será un gesto de buena voluntad hacia el Gobierno por parte de la central obrera. “Respetaremos las acciones soberanas que tiene cada organización sindical en su actividad para defender sus derechos, más allá de lo que pueda hacer la CGT como tal”, afirmó el secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA).
Los sindicatos del ala moyanista-kirchnerista de la CGT ya resolvieron días atrás que denunciarán ante la Justicia la inconstitucionalidad de la reinstalación del Impuesto a las Ganancias y realizarán una movilización ante el Palacio de Tribunales el día en que hagan la presentación. Así se resolvió en un encuentro que tuvo lugar en la sede de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), encabezado por Pablo Moyano (Camioneros) y Sergio Palazzo (bancarios), que, en la práctica, profundizó la división en el sindicalismo: no concurrieron el líder de la CATT, Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), ni su adjunto, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), entre otros, que prefirieron tomar distancia a la espera de que la CGT defina su estrategia contra Ganancias.
La semana próxima, precisamente, se prevé que los abogados cegetistas tengan listo el análisis de la situación jurídica que rodea la reinstalación de Ganancias para aconsejar un curso de acción, que es el mismo camino que se siguió cuando Javier Milei dictó el DNU 70 que incluía la reforma laboral, finalmente suspendida por la Justicia ante una impugnación impulsada por la central obrera.
En una reunión del jueves pasado también se decidió crear una “mesa técnica” con todos los sindicatos afectados por la reinstalación del Impuesto a las Ganancias y, luego de la presentación ante la Justicia, realizar asambleas informativas para explicar los alcances de la medida judicial solicitada.
Formalmente, se anunció que del encuentro participaron sindicatos de la CATT y de la “Mesa Sindical El Salario no es Ganancia” que, de manera coincidente, provienen del moyanismo y del sindicalismo K. Además de Pablo Moyano y Palazzo, estuvieron presentes Mario Manrique (SMATA), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Raúl Durdos (SOMU) y la abogada Mónica Rizzotto, ex directora de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Uno de los oradores fue el hijo mayor de Hugo Moyano, que calificó a Ganancias como “un impuesto regresivo por el que se pierde el 30% de los salarios” y consideró que hay una “contradicción” por parte del Gobierno porque “los gremios de transporte fuimos esenciales durante la pandemia y hoy nos vuelven a castigar sacándonos parte del salario”.
Anticipó que la presentación judicial “la van a armar los abogados de cada espacio” y que “el día de la presentación va a haber una gran movilización a Tribunales para que los jueces entiendan que el salario no es ganancia”. Esa protesta se podría hacer a fines de julio o principios de agosto.
Cerca de Sasia y Schmid negaron una ruptura de la CATT ante la ausencia de esos dirigentes en el encuentro de esta tarde: “Lo organizó Pablo (Moyano) en nuestra sede, pero no fue una reunión de la confederación del transporte sino de algunos de sus sindicatos con otras organizaciones”.
Para la CGT hay otro tema urticante que podría abrir nuevos frentes de batalla con el Gobierno: la crisis de las obras sociales. Los dirigentes gremiales se quejan de que no encuentran buenos interlocutores oficiales para resolver los problemas financieros que tiene el sistema sindical de salud. Cuando los sindicalistas apuntan a la falta de diálogo no sólo se refieren al ministro de Salud, Mario Russo, sino también al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, un ex directivo de OSDE que designaron al frente del organismo que administra los fondos de las obras sociales.
El único contacto de la CGT con Oriolo se produjo a mediados de mayo, cuando aceptó reunirse con el secretario de Acción Social cegetista, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), quien le planteó los problemas que atraviesan las obras sociales. El funcionario se comprometió en responderle.
Hay otro tema en debate en la CGT que podría llevar a que el Gobierno y la dirigencia gremial se sienten a negociar: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quiere acordar con los sindicalistas la redacción del decreto reglamentario de la modernización laboral para atenuar los efectos de algunos artículos y evitar que haya una oleada de impugnaciones judiciales de los gremios a la Ley Bases.
En la Casa Rosada siguen insistiendo en que la CGT será invitada a participar el martes próximo de la firma del Pacto de Mayo, en Tucumán, pero, consultada por Infobae, la dirigencia cegetista aseguró que no recibió ninguna propuesta en ese sentido y que, si existiera, tampoco se sumaría. ¿Llegaron a discutir cuál sería su respuesta? “No, pero no concurrir es una decisión común de todos”.
El ala dialoguista, que negoció con el Gobierno el recorte de 42 artículos de la reforma laboral, es partidario de abrir canales de diálogo con la administración libertaria para atenuar el ajuste y evitar medidas que perjudiquen al poder sindical. Pero la fracción más dura, donde se ubican Pablo Moyano y el gremialismo K, presionará para concretar una segunda etapa del plan de lucha, quizás con un paro de 36 horas con movilización.
