Los cortocircuitos entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Axel Kicillof siguen, pero días atrás hubo un punto de acuerdo. Fue cuando a partir de una gestión entre el Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos y el gobierno bonaerense, la Nación habilitó a la Provincia avanzar con un endeudamiento requerido para cubrir deuda vigente.
“Se nos ha dado el aval en una gestión que hicimos con la Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación para avanzar con el endeudamiento que nos había aprobado la Legislatura”, informó este lunes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.
El pedido de la provincia tiene que ver con un rollover de deuda que el gobierno bonaerense tiene que afrontar en el mes de septiembre en un equivalente a USD 352 millones. Si bien tiene la autorización de la Legislatura a partir del pedido de endeudamiento que ambas Cámaras aprobaron a finales del año pasado; precisaba del ok final del Gobierno nacional.
Es que el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas dictamina en uno de sus pasajes del artículo 25 que “los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, elevarán los antecedentes y la documentación correspondiente al MINISTERIO DEL INTERIOR, el que conjuntamente con el MINISTERIO DE ECONOMÍA efectuarán un análisis a fin de autorizar tales operaciones conforme a los principios de la presente ley”. La semana pasada se autorizó dicha operación.
Ahora, la provincia de Buenos Aires podrá salir a tomar deuda para afrontar los vencimientos que tiene en el mes de septiembre. El entendimiento entre la Nación y la provincia de Buenos Aires tiene un trasfondo más financiero que político. Si bien la administración bonaerense viene reclamando por la quita de recursos y hasta el propio presidente advirtió al inicio de su gestión que iba a dejar “sin un peso” a los gobernadores, que Buenos Aires entre en cesación de pagos es un problema no solo para la administración provincial.
Bianco agregó que “necesitábamos un aval para hacer una emisión de letras interanual, ese aval ha llegado, así que agradecemos”. Asimismo, el funcionario provincial planteó que la aprobación era algo que Buenos Aires venía solicitando. De afrontar ese pago y sumado al que realizó en marzo de este año por USD 356 millones, Buenos Aires habrá cubierto USD 708 millones en el período 2024.
El visto bueno del gobierno nacional viene enmarcado en la autorización que la provincia de Buenos Aires obtuvo en la Legislatura bonaerense a finales del año pasado. En ese momento, diputados y senadores aprobaron un pedido de endeudamiento por una suma nominada en dólares de 150 millones. Con esa solicitud buscó cancelar los vencimientos de deuda, finalizar obras públicas ya iniciadas, ponerse al día con los pagos a proveedores y garantizar el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre. En la discusión legislativa, Kicillof, tuvo el acompañamiento de distintos bloques de la oposición.
Fuentes del Gobierno bonaerense deslizaron a Infobae que, en rigor, la autorización nacional responde a un tecnicismo de la Ley de Responsabilidad Fiscal, y permite avanzar en las operaciones de financiamiento previstas en la Ley de Financiamiento aprobada por la Legislatura provincial en diciembre de 2023. En la misma línea, este aval “permitirá dar continuidad a la política provincial de administración de pasivos en general, que incluye a todas las obligaciones de la Provincia, no sólo el vencimiento en moneda extranjera”.
Asimismo, desde el gobierno provincial remarcaron que desde el inicio de la gestión de Kicillof, “se ha llevado adelante una política de financiamiento responsable, principalmente a través de préstamos de organismos multilaterales que otorgan crédito a tasas sostenibles y plazos extensos, predominantemente para obras de infraestructura”.
Sin embargo y pese al principio de entendimiento último, Bianco remarcó que la Nación aún sigue en su política de recorte de fondos a la administración provincial y que no hay mayores perspectivas de que los distintos programas y fondos que fueron suspendidos se reactiven.
“En general no hemos recibido los fondos que venimos reclamando, que fueran utilizados para seguridad, para programas de salud que estaba llevando adelante el Gobierno Nacional en conjunto con el Gobierno Provincial, con el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), con los fondos dedicados a la educación. Las obras públicas siguen paradas y no tenemos ninguna respuesta”, planteó el integrante del gobierno de Kicillof.
Cabe recordar que Buenos Aires tiene judicializados cuatro reclamos de este tipo ante la Corte Suprema de Justicia. Se trata del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Compensador al Transporte Público de Pasajeros y el pedido de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que permitió que la administración de Javier Milei dejara de transferir los fondos para las jubilaciones bonaerenses. Allí el gobierno bonaerense pidió la “actualización por anticipos 2023 (con base 2018); deuda por Anticipo 2024 (con base 2020 más su actualización) y diferencias entre el déficit y lo percibido por anticipos sin actualizar por los ejercicios 2018, 2019 y 2020″. La Procuración dictaminó sobre esta última presentación que es la Corte Suprema quien debe resolver sobre el litigio.
