El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado este martes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de lanzar la causa de ‘Tsunami Democràtic’ a la papelera con su decisión de archivarla “cuando ya no daba más de sí”
“Buscaban lo que de hecho ya han conseguido, y cuando la causa ya no daba más de sí y estaba condenada al fracaso, la han tirado a la papelera. Ellos. No la Ley de Amnistía, con la que están en pie de guerra y en actitud de rebeldía”, ha sostenido en un apunte en ‘X’ recogido por Europa Press.
Pese a compartir la alegría por el archivo de la causa, ha asegurado que le sorprende que un magistrado con la experiencia y la “mala leche de García Castellón haya cometido un error tan estúpido”.
“El error, en todo caso, era conocido desde hacía tiempo y, sin embargo, han persistido en ello. Aquí está la clave para entenderlo todo mejor. Era y es un caso de ‘lawfare’ de manual”, ha sostenido.
Para Puigdemont, los jueces sabían que la acusación de terrorismo era “delirante, pero esto les importaba poco, y menos sí eran ellos los que tenían los resortes para poderlo descarrilar cuando les conviniera”.
BUSCABAN “INTIMIDAR
En su opinión, el objetivo que buscaban era “intimidar a personas clave, ensuciar la narrativa sobre el independentismo” y trasladar una imagen de miedo en todo lo relacionado con el movimiento independentista.
“El ataque a la reputación y al sufrimiento que ha representado todo esto para muchas personas y sus familias no lo revierte nadie. Y se puede volver a producir, que quede claro”, ha avisado.
Según Puigdemont, España “no es un Estado de derecho desde el momento en que hay jueces que llevan años instruyendo una causa ilegalmente (sabiéndolo por cierto), que deciden no aplicar la ley del Parlament porque no les gusta y que llenan sus resoluciones judiciales con un montón de consideraciones, y desconsideraciones, políticas”.
También ha asegurado que la inseguridad jurídica y la imprevisibilidad en la aplicación de las normas son “propias de otros regímenes, no de una democracia europea donde debería existir la separación de poderes y la justicia debería ser imparcial, incluso si delante tiene a los que considera ‘enemigos de la patria”.
El expresidente catalán, además, ha apuntado que la Ley de Amnistía “acaba con una determinada represión, la generada por la querella del fiscal general del Estado en 2017 que da pie a una causa general contra el independentismo, pero no acaba con la represión estructural con la que España se relaciona en el conflicto con Catalunya”.
