Al menos 67 funcionarios de diversas entidades de la región Ica irían presos luego de que la Contraloría General de la República hallara responsabilidad penal en ellos por presuntos actos de corrupción en los que se habría incurrido en un perjuicio económico contra el Estado por más de 8 millones de soles. Estos son apenas una fracción de los 184 funcionarios involucrados en posibles hechos irregulares.
Según la Contraloría, estos cálculos fueron producto de diversas acciones de control. En una conferencia de prensa se indicó que se generaron hasta 673 informes de control y se auditó 31 millones 940 mil soles, lo que permitió detectar que la pérdida millonaria de 8.1 millones de soles, repartidos en diversas entidades públicas.
Además de los funcionarios que podrían terminar en prisión, un grupo menor de 33 de ellos tienen abierto un proceso sancionador administrativo y otro sector presenta responsabilidades civiles en este tipo de actos irregulares.
La entidad de control también señaló algunos informes sobre lo que denomina ‘casos emblemáticos’ entre los que se encuentran, por ejemplo, un documento en el que se indica que se reveló la “aprobación y pago irregular de retribución económica por responsabilidad directa a las autoridades, directores generales, funcionarios y administrativos con buen rendimiento y productividad en la Universidad San Luis Gonzaga, durante el ejercicio fiscal 2019, lo cual generó un perjuicio económico a la entidad de por más de 3 millones 362 mil soles”.
Otro caso considerado como emblemático corresponde a un perjuicio de 977 mil soles generado luego de que se detectara que un conjunto de funcionarios y regidores de la Municipalidad Provincial de Pisco (MPP) “desde el año 2019 hasta el 2022, elaboraron y aprobaron irregularmente ordenanzas que otorgaron descuentos para el pago de deudas no tributarias por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito de tipo leve, grave y muy grave”
Compra de equipamiento médico ‘inexistente’
Además de los informes mencionados, la Contraloría también emitió documentos en los que se indicó que se realizaron adquisiciones de equipamiento médico durante los años 2021 y 2022. Un total de 71 bienes con un valor superior a los 2.2 millones de soles que fueron destinados a los centros de salud de La Tinguiña, Guadalupe, La Palma y Santiago.
Sin embargo, no se acreditó la existencia física de 17 equipos o accesorios en los establecimientos de salud y tampoco fueron encontrados en el almacén de la Red de Salud Ica. Además, que se reportó que “gran parte de estos equipos no se encuentran operativos”.
Según el Gerente Regional de Control de Ica, David Quiroga Paiva, se ha programado que la gerencia de la que se hace cargo programó realizar 266 servicios de control durante la segunda mitad del año 2024 y se espera que estas actividades detecten “más millones de soles perdidos en la región Ica por el delito de corrupción”.
Autoridades no atienden recomendaciones de la Contraloría
Luego de que la Contraloría realiza actividades de control, los informes emitidos contienen una serie de recomendaciones que son comunicadas debidamente a las autoridades o funcionarios responsables. Sin embargo, en el caso de los informes emitidos a distintas instituciones del Gobierno Regional de Ica, la mayoría de recomendaciones no son atendidas o corregidas.
Como resultado del control gubernamental se identificaron 1605 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan. Sin embargo, 208 situaciones adversas (13 %) no han sido corregidas, en 1088 (68 %) no se adoptaron acciones para corregirlas. Solo 309 (19 %) fueron resueltas o están en proceso.
