Tras una investigación preliminar, el fiscal federal Carlos Stornelli denunció penalmente que el gobierno de Alberto Fernández entregó al menos 13 terrenos administrados por la Agencia de Bienes del Estado (AABE) a distintos gremios allegados al oficialismo durante la última parte de su gestión. Los predios apuntados pertenecían en su gran mayoría al Ejército Argentino y a la Fuerza Aérea, y se sospecha que fueron cedidos “con el presunto fin de beneficiar indebidamente” a diferentes sindicatos para llevar adelante obras y proyectos para sus afiliados.
La denuncia apunta a investigar “la presunta existencia de un conjunto de acciones perpetradas en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado” y la posible intervención de distintas áreas como la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo entonces de Agustín Rossi, de quien dependía la AABE. Las cesiones habrían sido resueltas de manera irregular y con el presunto fin de favorecer a “distintas entidades gremiales mediante el otorgamiento de permisos precarios de uso gratuito de distintos terrenos e inmuebles propiedad del Estado Nacional y en detrimento de los intereses de este último”.
Luego del sorteo, el expediente quedó radicado en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, quien intervendrá junto a la fiscal Alejandra Mángano. Ambas serán las responsables de evaluar el contenido y los pasos a seguir respecto de la denuncia a la que tuvo acceso Infobae.
El fiscal Stornelli fundó su planteo en una serie de resoluciones donde la AABE dispuso la desafectación de terrenos estatales para otorgarlos a distintos sindicatos que los pedían. Tal es el caso del documento del 8 de septiembre de 2023, donde se desafectó de la jurisdicción de la Fuera Aérea Argentina un predio de 120 mil metros cuadrados ubicado en la Autopista Ricchieri Km 33.5 para “otorgarle un permiso de uso precario y gratuito de dicho sector al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH)”, a cargo del gremialista Víctor Santa María, quien lo había requerido para desarrollar un “Complejo recreativo y deportivo SUTERH”.
Del mismo día consta otra resolución de la Agencia, donde otra propiedad en manos de la Fuerza Aérea, lindero al anterior, de 160.00 metros cuadrados, también fue desafectado y se entregó bajo las mismas condiciones de “uso precario y gratuito” al Sindicato Unificado de Trabajaores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), cuyo secretario General, Roberto Baradel, lo había pedido para construir un “Camping Recreo Ezeiza Suteba” para afiliados e invitados.
19 días después, la Agencia que administra las propiedades nacionales resolvió quitarle a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) un predio ubicado en la calle Humberto 1° al 550, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 1500 metros cuadrados, y otro de 1200 metros cuadrados al Instituto Nacional del Teatro con el fin de entregárselo a la Confederación General del Trabajo (CGT), en virtud de una solicitud de su secretario General Héctor Daer para “poner el inmueble en valor” y llevar adelante “talleres, tareas de índole formativa, educativa, social y solidaria, entre otros”.
El fiscal dio cuenta, a su vez, de que la AABE firmó el 17 de noviembre de 2023 la desafectación del Ejército Argentino de un sector de aproximadamente 80 mil metros cuadrados, ubicado en la intersección de la Autopista Camino del Buen Aire y General Soler, en el Partido de Tres de Febrero, con el propósito de “otorgarle un permiso de uso precario y gratuito de dicho inmueble” a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), tras un requerimiento del líder sindical Francisco Abel Furlán para crear “un nuevo polo multifuncional”.
Para el fiscal Stornelli, además de estas resoluciones donde habrían “ciertas irregularidades” en la tramitación de los expedientes administrativos”, se logró determinar la existencia de otras nueve resoluciones “contemporáneas a las anteriores y del mismo tenor”, a través de las cuales “se desafectara de predios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y otros organismos públicos en favor de otras entidades gremiales”.
En ese marco, al hablar de las cuatro concesiones que expuso, el representate del Ministerio Público expresó: “resulta cuanto menos incierto cómo es que estos sindicatos tomaron conocimiento de la existencia y del supuesto desuso y/o desocupación de estos bienes inmuebles, lo que podría sugerir un posible favorecimiento por parte de la AABE, para con ellos. En este sentido, no hay evidencia de que se haya realizado, previo al otorgamiento de los permisos, algún tipo de convocatoria pública para que distintas entidades puedan presentarse y obtener el permiso de uso de estos inmuebles. En su lugar, todos los procesos se han iniciado directamente desde la AABE a partir de presentaciones realizadas por las distintas entidades gremiales antes referidas”.
Luego agregó: “es preciso remarcar que durante el transcurso del año 2023 existieron un total de 13 resoluciones -incluyendo a las cuatro aquí analizadas- todas ellas vinculadas a la entrega de propiedades del estado a entidades sindicales o de similar naturales, siendo que la mayoría de ellas fueron dictadas durante la segunda mitad del año, es decir antes de que finalice la gestión del gobierno que culminara el 10 de diciembre de 2023″.
“Además, -continuó el fiscal en su denuncia- es dable observar que once de ellas se ocupan de desafectar, pura y exclusivamente, territorios e inmuebles propiedad del Ministerio de Defensa, en especial del Estado Mayor General del Ejército y de la Fuerza Aérea, para entregárselos para su uso a distintas entidades gremiales (…)”.
Por otro lado, el fiscal destacó como “fundamental” el hecho de analizar “si los sindicatos o las entidades gremiales cumplen con los requisitos necesarios para la concesión de este tipo de permisos, basándose en las actividades que declaran en sus solicitudes”. Bajo esos términos, dijo: “Aunque los sindicatos o entidades gremiales generalmente son consideradas organizaciones sin fines de lucro, su objetivo primordial es defender los intereses laborales de sus miembros, lo que podría no cumplir con el criterio de impacto directo e inmediato en el interés público, como lo requiere el reglamento -de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional-, ya que los beneficios se limitan principalmente a sus afiliados y no al público en general”.
“En otro orden de ideas, -continuó- debo señalar, además, que los sindicatos que solicitaron los permisos precarios de uso gratuito ante la AABE habrían cometido una omisión significativa en sus presentaciones, esto es, la falta de un Cronograma del Proyecto. Esta información resulta crucial para detallar el plan de trabajo, debiendo incluir las fechas tentativas de inicio, los plazos de obra, y los tiempos estimados para la habilitación de uso de los distintos sectores o espacios. En lugar de proporcionar estos detalles, los sindicatos se habrían limitado a entregar, únicamente, gráficos de las obras sin fechas concretas ni planificación temporal específica”.
Y cerró: “Esta ausencia de información esencial podría sugerir posibles irregularidades en el proceso de solicitud”.
El fiscal consideró que si se corroboran los hechos señalados en su denucia se estaría frente a “distintos delitos de acción pública” por fraude al Estado, por eso solicitó iniciar una investigación penal.
