El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este viernes prisión provisional para Raúl Moro, un empresario extremeño que fue presidente del Real Murcia, y que fue entregado a España por México esta semana dado que se encontraba fugado y se le buscaba por su presunta participación en una organización criminal que habría cometido un fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos superior a los 154 millones de euros.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que el magistrado ha adoptado esta decisión debido al elevado riesgo de fuga.
Fue en junio de 2021 cuando Calama propuso juzgar a una presunta organización criminal constituida en torno a la empresa Hafesa Energía, que habría llevado a cabo ese fraude fiscal en el periodo comprendido entre 2016 y 2019.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, que ponía fin a la instrucción, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 proponía sentar en el banquillo de los acusados al presunto jefe de la trama, el presidente del Grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn; al director general de la mercantil y su lugarteniente, José Norberto Uzal; así como a otra veintena de personas por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Calama también acordaba proceder contra Hafesa Energía como persona jurídica.
Según el juez, los hechos ejecutados por la trama tenían como objeto “evitar intencionadamente el ingreso en la Hacienda Pública del IVA generado en la comercialización de hidrocarburos”. Al incorporar el IVA repercutido a su patrimonio, “obtuvieron un mayor beneficio en sus operaciones comerciales de venta”, además de una cierta monopolización del mercado al erradicar, al menos parcialmente, la competencia de terceros incapaces de ofertar un precio igual o inferior al suyo, “pues la mercancía se vendía por debajo del precio de coste”.
En su resolución, Calama consideraba acreditada la existencia de una organización constituida en torno a la mercantil Hafesa Energía que bajo la batuta de Hamlyn diseñó e implementó “de forma opaca, tanto una operativa de fraude fiscal como de blanqueo de capitales, sirviéndose para ello de una estructura de sociedades mercantiles”.
Así, crearon toda una red de sociedades mercantiles que, careciendo de estructura económica real, eran “cascarones vacíos”, y operaban como meros satélites de Hafesa Energía con el único propósito de servir de instrumento para llevar a efecto un fraude en el Impuesto de Valor Añadido (IVA). Las interponían entre su posición y el consumidor final –las gasolineras–, “utilizando la cantidad correspondiente al impago del impuesto como margen comercial de la sociedad instrumental”.
Este negocio ilegal se basaba así, según el juez, en que las empresas utilizadas no soportaban IVA cuando adquirían hidrocarburos, pero en cambio sí que repercutían dicho impuesto en la práctica totalidad de las ventas realizadas.
Esta práctica se prolonga en el tiempo, reponiendo las sociedades que son intervenidas en una actuación administrativa o penal a causa de las deudas que contraen con la AEAT, o desprendiéndose de ellas por razones de seguridad relacionas con dicho impago a la Hacienda Pública.
En definitiva, concluía el juez, esas sociedades mercantiles “han sido dispuestas, creadas o adquiridas con la connivencia, el fomento, la participación o la acción directa, de los responsables de este grupo empresarial y han sido integradas en su estructura para la comisión de la operativa defraudatoria”.
CRIPTOMONEDAS PARA EL BLANQUEO
El auto judicial señalaba que las cuotas defraudadas a través de las sociedades instrumentales “han sido sometidas a un proceso de blanqueo de capitales por un total de 46,5 millones de euros, de los cuales aparece identificada la finalidad última respecto de casi 30 millones”.
Los principales destinos a los que la organización criminal ha dedicado dicha cantidad son la compra de criptomonedas (5,37 millones); transferencias a posiciones en el extranjero (5,37 millones); efectivo (5,71 millones); inversión en inmovilizado (3,13 millones); compra de vehículos (1,95 millones); cheques y talones (1,52 millones de euros) e Inversión en otras empresas, como, por ejemplo, la compra de la operadora SANVEZ (5,67 millones de euros).
