Para los investigadores que dedicaron el último mes de su vida a encontrarlo, Loan Danilo Peña no está vivo ni muerto. Simplemente, no está. Así lo indica la calificación del caso que los fiscales federales Mariano De Guzmán, Alejandra Mangano y Marcelo Colombo plantearon al comienzo de su intervención en el caso y que sostienen hasta hoy: la sustracción y ocultamiento de un menor, delito penado con 5 a 15 años de cárcel por el artículo 146 del Código Penal. Los siete detenidos por la desaparición de Loan, cree la Justicia, llevaron al chico desaparecido el 13 de julio de un lugar a otro, lo separaron de sus padres.
No hay otra narrativa en el caso. Cualquier otra cosa, por ahora, no existe en el expediente.
Los fiscales -Mangano y Colombo son las cabezas de la PROTEX, el área de la Procuración que investiga delitos de trata- no encontraron prueba hasta ahora que indiquen que Loan fue vendido para ser prostituido, o esclavizado, o entregado en el marco de una adopción ilegal. Un crimen ritual, por lo pronto, también está descartado. El brutal descuartizamiento ceremonial de Marito Salto, ocurrido en 2016, fue recordado rápidamente al desaparecer Loan. Sin embargo, el perfil de los detenidos no encaja. No se encontró nada en los allanamientos que lo sugiriera. Los chicos que estuvieron en el almuerzo en la casa de la abuela Catalina en el paraje Algarrobal no indicaron nada fuera de lo normal en sus declaraciones en cámara Gesell.
Solo dijeron que Loan, en un momento, estaba. Al otro, no.
Ese es el problema: todavía no hay nada que indique en todo el expediente por qué se lo llevaron a Loan, qué hicieron con él, si lo mataron, si fue un accidente. Y en un caso que empujó a la política al barro del naranjal, que llevó al ministro de Seguridad de Corrientes a renunciar por el accionar de la Policía provincial, con el comisario Walter Maciel preso por encubridor, que llevó al gobernador Gustavo Valdés a festejar la denuncia de la tía Laudelina, que terminó desacreditada y presa una semana después, con Patricia Bullrich en 9 de Julio frente a su cúpula que admitía “no tenemos ningún dato”, con una búsqueda en seis provincias con 50 perros, drones, buzos, detectives de elite, baqueanos y chacareros, los datos que no están dicen mucho.
Por ahí también pasa la historia.
En las últimas horas, los fiscales prepararon un dictamen que presentaron ante la jueza del caso, Cristina Pozzer Penzo, para reforzar y definir aún más las acusaciones contra los siete detenidos. Las pruebas sostienen las sospechas contra Carlos Pérez, María Victoria Caillava, “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, Bernardino Benítez, Walter Maciel y la tía Laudelina. Son “todos sospechosos”, dice una alta fuente del expediente.
Así, pidieron indagar a todos ellos menos a Laudelina -indagada dos semanas atrás- al acusarlos de “haber tenido alguna participación en la sustracción y/u ocultamiento de Loan Danilo Peña, ocurrida el día 13 de junio de 2024, luego de las 13.52 horas, en el Paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio”, confirma una alta fuente del caso a este medio.
La escala de responsabilidades, sin embargo, es distinta a lo que generalmente se cree. Benítez, el marido de Laudelina, Millapi y Ramírez, ambos pareja, fueron ubicados en la “zona cero” del caso, el lugar donde fue visto Loan por última vez, según determinaron los estudios de impacto de antenas de celulares. Los tres borraron mensajes de sus teléfonos, según las pericias.
Pérez y Caillava fueron vistos en un momento como los sospechosos principales. Un departamento vinculado a la pareja del marino retirado y la ex funcionaria municipal -a la que una hija de Laudelina agendaba como “tía Victoria” en su teléfono- fue allanado en Chaco, en busca del chico. Los perros de la Policía correntina olfatearon la Ford Ranger donde se encontró ADN masculino que buscará ser comparado con los genes de Loan.
Sin embargo, las pruebas en su contra no pasan de la nariz de los perros. Durante los días posteriores a la desaparición, el marino y la ex municipal mantuvieron varias conversaciones.
Laudelina y su marido, en cambio, borraron ambos casi cinco días de mensajes de sus aparatos en un período crítico para los investigadores, según las pericias de la PFA.
Los fiscales federales desconfiaron de Laudelina desde el comienzo, dadas sus contradicciones -algo común en las declaraciones de todos los acusados- y sus cambios de horarios en el relato, además de otro factor: las escuchas telefónicas en su contra, realizadas en la causa a cargo de los fiscales Barry y Castillo, que comenzaron cuando la hipótesis de que Loan solo era un chico perdido perdió fuerza y la posibilidad de una maniobra criminal se volvió concreta. Su maniobra de plantar el botín, que ella misma confesó, en un lodazal a tres kilómetros de su madre Catalina donde aparecieron posibles pisadas del chico, cerró la sospecha.
“Ella es quien marca el lugar, donde supuestamente había una pisada de Loan. Lo marca y luego vuelve a la tarde. Hay testimonios que indican que Laudelina llega y mágicamente levanta el botín del barro”, asegura una fuente clave en el expediente.
Ahora, Laudelina busca volver a declarar, según su nueva abogada, Mónica Chirivin. En esta nueva indagatoria desde la cárcel de Ezeiza, buscaría cambiar su historia sobre el accidente. Ahora, peritos de la PFA y del Poder Judicial correntino trabajan contrarreloj para encontrar ADN de Loan en 20 prendas del chico que entregó su familia. Si se obtiene una muestra indubitable, entonces se cotejará con la tomada del guardabarro de la Ford Ranger de Carlos Pérez.
El silencio es otro factor incómodo. Hay siete imputados bajo llave en tres cárceles federales por el caso. Si Loan murió por accidente, un homicidio culposo, que es un delito excarcelable, ¿por qué no dicen lo que pasó ? Sin embargo, el tiempo que pasa es otra contradicción. Romper el silencio es cada vez más complicado. Se pueden sumar delitos como el encubrimiento, o, en el peor de los casos, incriminarse al decir la verdad.
Si deciden hablar, entonces tendrán que explicar qué hicieron con él.
