Las últimas noticias de Argentina y Sudáfrica, dos países fundamentales para la seguridad alimentaria y la disponibilidad de minerales básicos a escala mundial, empiezan a generar el interés de los grandes inversores.
En ambos, asistimos a cambios trascendentes en el panorama político y al inicio de reformas estructurales en materia económica.
En el caso argentino, sorprende el programa de estabilización, que ha permitido al Gobierno escapar en sólo seis meses de una situación hiperinflacionaria y reducir la tasa al 4% mensual. Este es uno de los “brotes verdes” que se acentuarán con la nueva “Ley de Bases”, la de reforma fiscal y la próxima “Ley de Hojarascas”, llamada a recortar el frondoso aparato estatal.
Lo que ha generado gran repercusión entre potenciales inversores europeos es el régimen “RIGI” para proyectos de más de u$s 200 millones; se trata de una herramienta indispensable para disparar inversiones que estaban en carpeta desde hace tiempo.
El pragmatismo exhibido por el Gobierno marca distancias con los “ruidos de la política” y son muy bien acogidos por los inversores y las instituciones financieras multilaterales, estas últimas llamadas a desempeñar una labor crucial en esta fase incipiente de la recuperación económica del gran país sudamericano.
Entre otras, el FMI dispone de nuevos instrumentos financieros, como la “RSF-Resilience & Sustainability Facility”, que ofrece financiación a largo plazo (20 años de amortización y diez de gracia) de inversiones vinculadas a la adaptación al Cambio Climático y las pandemias.
Por ejemplo, el acceso a la RSF permitiría financiar la inversión en generación eléctrica renovable que requiere el NOA, para facilitar la extracción de sus abundantes recursos hídricos subterráneos, dedicándolos al riego de sus cultivos con notable potencial exportador.
También son importantes los grandes fondos climáticos multilaterales, en especial, el GEF (Global Environment Facility) y el GCF (Green Climate Fund) de los que el anterior gobierno argentino no supo hacer uso.
Estos “brotes verdes” en la Argentina podrían replicarse en Sudáfrica, donde las recientes elecciones generales dieron vida a un nuevo GNU (Gobierno de Unidad Nacional) en el que el aún mayoritario ANC (partido del Congreso Nacional Africano), consiguió la participación de su archirrival, la DA (partido de la Alianza Democrática).
Como en la Argentina, una de las tareas más acuciantes para el nuevo GNU de Sudáfrica es acabar con el cáncer económico que suponen las SOE (empresas públicas), entre las que destaca la desastrosa ESKOM (monopolio de transporte eléctrico y dominante en generación), que provoca constantes cortes de suministro a la ciudadanía, y ha supuesto un enorme obstáculo al desarrollo del sistema productivo.
No está claro si el GNU adoptará medidas tan ortodoxas como el gobierno de la Argentina. Dada la continuidad en los principales ministerios económicos de representantes del ANC, es posible que se dejen llevar por la tentación del “free riding”, habitual entre los países de menor tamaño miembros del “Sur Profundo”.
Esto les permitirá intentar el acceso a la financiación multilateral tanto de las instituciones de Bretton Woods, como a los organismos vinculados a China (Banco BRICS, Banco Asiático de Infraestructuras, etc.). La mala noticia para Sudáfrica es que eso podría limitar la participación de inversores privados occidentales, muchos de ellos aún recelosos tras las traumáticas experiencias que sufrieron con el presidente Zuma (predecesor de Ramaphosa). No pinta bien cambiar inversión genuina por más endeudamiento.
Para finalizar, desde mi posición percibo que ambos países australes vuelven a aparecer entre los posibles destinos de inversión de los principales países europeos, y que se inicia una fase prometedora en la que empresarios locales y gobiernos deben encarar nuevos proyectos.
